Un estudiante habla durante una asamblea ciudadana en Chacao, Caracas (17.03) sobre las próximas elecciones presidenciales. Los vecinos piden un proceso libre y fiable.
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En seguimiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Venezuela, el Gobierno de Suiza aplicó medidas coercitivas contra ese país sudamericano que entraron en vigor el miércoles 28 de marzo, según anunció el Ministerio de Exteriores (DFAE).
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swissinfo.ch y agencias
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Swiss slap sanctions on Venezuela and freeze assets
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“El Consejo Federal (Gobierno) decidió un embargo contra Venezuela sobre los bienes de equipamiento militar y los bienes susceptibles de ser utilizados con fines de represión, así como sanciones financieras y restricciones de desplazamientos”, precisó el DFAE en un comunicadoEnlace externo.
La medida obedece a que el neutral Gobierno helvético está preocupado por las “violaciones de los derechos humanos y el deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas”.
Así, la venta, suministro, exportación y tránsito de equipos y bienes de equipamiento militar, así como los bienes susceptibles de utilizados con fines de represión interna quedan prohibidos, puntualizó el comunicado y agregó que una prohibición equivalente se aplica a equipos, tecnologías y software que puedan ser utilizados para la vigilancia o interceptación de comunicaciones telefónicas o de Internet.
“El Consejo Federal determinó igualmente el bloqueo de activos, así como la prohibición de entrada en Suiza y tránsito a través de Suiza para ciertas personas, empresas y organizaciones. Estas medidas actualmente afectan a siete ministros o altos funcionarios venezolanos. Los activos que caen bajo estas disposiciones deben ser reportados inmediatamente a SECO.”
La medida fue anunciada pocos días después de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobara con 28 votos a favor y 15 en contra la declaración ‘Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales’, presentada por Venezuela.
El texto advierte sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos, el desarrollo, las relaciones internacionales, el comercio, la inversión y la cooperación, así como en las clases más pobres y vulnerables de los países sujetos a sanciones.
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