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Fiscalía española busca arresto de Puigdemont en Suiza

El líder independentista catalán Carles Puigdemont durante una reunión de su partido en Bruselas el 14 de marzo 2018. Keystone

La fiscalía española pidió este jueves al Gobierno que "tome las medidas necesarias ante las autoridades competentes en Suiza para determinar si es factible” el arresto de Carles Puigdemont y su extradición a España.

Este contenido fue publicado el 15 marzo 2018 - 17:15
SDA-ATS/AFP/

La solicitud se produjo un día después de que se anunciara la participación del líder separatista catalán, el próximo domingo, en una mesa redonda sobre el tema de la autodeterminación, organizada por el Festival de Cine y Foro Internacional de Derechos Humanos (FIFDH), en Ginebra.

Cabe recordar que las leyes suizas no contemplan la extradición de ciudadanos extranjeros cuando las solicitudes obedecen a motivaciones políticas.

 +Puigdemont participará en FIFDH en GinebraEnlace externo

Puigdemont “puede pronunciar libremente discursos políticos bajo el respeto al ordenamiento jurídico suizo”, había señalado el Ministerio suizo de Exteriores en un comunicadoEnlace externo el mismo miércoles.

Carles Puigdemont se instaló en Bélgica unos días después de su destitución el 27 de octubre por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, tras la organización de un referéndum para determinar si la ciudadanía catalana quería o no separarse de España. Un escrutinio no contemplado en la Constitución española y que Madrid trató de impedir mediante el uso de la fuerza.

Puigdemont es perseguido en España por rebelión, sedición y malversación de fondos.

La fiscalía española también pidió al juez considerar la adopción de "medidas adicionales que pudieran limitar la validez del pasaporte de las personas en fuga”, es decir, Carles Puigdemont y cuatro miembros de su gobierno que, como él, salieron de España.

En Suiza se encuentra Anna Gabriel, exdiputada catalana sobre la cual también pende una orden de arresto en España. Pero la justicia española no pidió su extradición.

En febrero, un portavoz de la Oficina Federal de Justicia, Folco Galli, había expresado reservas sobre las posibilidades de éxito de una solicitud de este tipo, de tratarse de un "delito político".

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