¿Y ahora qué? Tras el ‘no’ del pueblo a la reforma fiscal corporativa
Suiza debe replantearse qué hacer luego de que el pueblo no aceptará la tercera Reforma de Imposición Empresarial (RIE III), todo un desafío, no solo para Suiza, sino también para los países vecinos y las multinacionales.
El domingo 12 de febrero, el 59% de los electores suizos rechazaron la propuesta gubernamental, juzgada como muy generosa para las empresas y de caras consecuencias en el pago de impuestos para el ciudadano de a pie.
¿Por qué el impuesto corporativo es un gran desafío para Suiza?
Hay dos razones. Primero, porque para Suiza es esencial mantenerse como un país competitivo en Europa, para que las empresas de ultramar decidan establecer sus sedes continentales en el país alpino, con condiciones impositivas atractivas.
Cabe decir que al menos 6 500 compañías como Google, Unilever, Vitol e IBM operan en varios cantones suizos y contribuyen con 5 000 millones de impuestos anuales. Esas empresas emplean a unos 150 000 trabajadores.
Segundo, porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera “dañinos” los regímenes especiales que Suiza dirige a ciertas empresas, al calificarlos de una distorsión de la competencia fiscal. Suiza aceptó reformar su sistema hasta 2019 para adecuar sus prácticas fiscales empresariales a los nuevos estándares internacionales, establecidos por la OCDE.
¿Cuáles son las consecuencias del ‘no’ del electorado?
El ministro de Finanzas Ueli Maurer dijo que Suiza no podrá alcanzar su objetivo de adecuarse a los estándares internacionales de fiscalidad en 2019 traseste rechazo, lo que provocará “renovada presión internacional”. Con la negativa del pueblo a la RIE III, la nueva adaptación podría tener lugar en 2020, y esta consideración es calificada como optimista.
El peor de los escenarios sería que Suiza fuera colocada en una lista negra de la OCDE que provocaría tasas punitivas para las exportaciones helvéticas. En ese sentido, el responsable de fiscalidad de la OCDE, Pascal Saint-Amans, advirtió que, por ahora, no están previstas sanciones contra Suiza y que puede ser previsible que el plazo de adaptación a las normas se amplíe unos dos años más.
Por parte de las empresas, tanto locales como extranjeras, el veto a la reforma significa un periodo de incertidumbre para saber cuáles serán los costos impositivos a pagar en el futuro, lo que puede afectar los planes estratégicos de desarrollo de las compañías. Esto podría traducirse, según el ministro de Finanzas suizo en que las empresas decidan partir de Suiza o que aquellas compañías que pensaban asentarse en el país cambien de opinión.
¿Por qué se requiere de tanto tiempo para idear una nueva reforma?
No hay duda de que Suiza necesita adaptar su sistema fiscal corporativo. Y ahora debe iniciar un periodo de consulta con las partes interesadas, sobre todo, los cantones, para encontrar la solución para una nueva propueta. El plan podría estar listo a finales de año. Después le seguirá un acalorado debate en el Parlamento, dividido radicalmente en el tema fiscal, entre los partidos de derecha y de izquierda.
Los cantones requerirán unos dos años para hacer los cambios técnicos necesarios para implementar las reformas aceptadas en la Asamblea Federal, explicó Maurer. Y a esto se suma la siempre posible opción de que los opositores llamen a un nuevo referéndum en contra de la reforma.
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