RSF exige a Bukele «poner fin a la persecución» contra periodistas en El Salvador
San Salvador, 23 oct (EFE).- La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) exigió este jueves al Gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador que ponga fin a las «persecuciones judiciales» en contra de periodistas del país centroamericano.
RSF reclamó en un comunicado que derogue «normativas represivas», en momentos que el número de comunicadores en el exilio se habría elevado a 53.
«RSF exige al gobierno de Nayib Bukele que ponga fin de inmediato a las persecuciones judiciales contra los periodistas, derogue la Ley de Agentes Extranjeros y otras normativas represivas, y garantice la seguridad de la prensa», señaló Artur Romeu, director de RSF América Latina.
Romeu «también hace un llamado a la comunidad internacional para que reconozca la urgencia de esta crisis y aumente la presión sobre El Salvador para que respete la libertad de prensa».
El director expuso que “El Salvador está a punto de silenciar definitivamente a toda su prensa independiente» y que «esta escalada represiva marca una nueva etapa en la deriva autoritaria del país, estrechando el cerco sobre el periodismo y alimentando una nueva ola de exilio de medios y periodistas en toda América Central».
De acuerdo con RSF, en El Salvador se ha dado una «aceleración de las amenazas, las persecuciones judiciales y las medidas de asfixia financiera contra la prensa bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele».
Más de 50 periodistas en el exilio
Citando al presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Sergio Araúz, la organización internacional indicó que APES, que ha cerrado sus oficinas en el país centroamericano, ha documentado «53 casos de exilios forzados de periodistas salvadoreños en los últimos seis meses».
“Los periodistas fueron asfixiados: primero por la persecución y la amenaza de prisión, luego por la asfixia financiera”, dijo recientemente Aráuz, quien también ha tenido que salir de El Salvador.
RSF precisó que «persecuciones judiciales, vigilancia policial, campañas de odio y ciberacoso conforman un patrón represivo que se ha intensificado desde mayo de 2025».
Alertó que «las radios comunitarias han sido particularmente blanco de frecuentes allanamientos, confiscación de equipos y acoso policial, además de enfrentar grandes dificultades para trabajar desde el exilio».
Además, tienen «recursos muy limitados», por lo que «son especialmente vulnerables frente a la Ley de Agentes Extranjeros».
La ley, impulsada por el presidente Bukele, grava con un impuesto del 30 % a la ayuda extranjera y contempla multas y sanciones penales.
APES y otras organizaciones de sociedad civil suspendieron actividades, decidieron cerrar o abandonar El Salvador ante la entrada en vigencia de la ley y ante la situación de «persecución» y «criminalización» del país. EFE
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