Suecia concederá préstamos estatales para construcción de nuevos reactores nucleares
Copenhague, 27 mar (EFE).- El Gobierno sueco presentó este jueves un proyecto de ley que incluye préstamos estatales y un precio mínimo garantizado por la electricidad producida para impulsar la construcción de nuevos reactores nucleares.
Se trata de una ayuda económica para el equivalente a cuatro grandes reactores (5.000 megavatios), con un precio estimado de al menos 400.000 millones de coronas suecas (37 millones de euros), de los que el Estado financiaría el 75 % a través de préstamos en condiciones favorables.
«La energía nuclear no es muy cara, lo que cuesta mucho es la construcción (de reactores). Hay grandes gastos de inversión y no es seguro que una empresa pueda pedir prestado tanto dinero por sí sola», señaló en rueda de prensa el ministro sueco de Mercados, Niklas Wykman.
La moción de ley garantiza a las compañías un pago mínimo de 80 céntimos (0,07 euros) por kilovatio/hora durante 40 años y establece un mecanismo en el que el riesgo y las ganancias se reparten entre el Estado y las empresas.
«El mensaje de hoy supone que Suecia da un paso decisivo para continuar siendo una nación nuclear fuerte», dijo la ministra de Energía, Ebba Busch.
El Ejecutivo conservador sueco, que llegó al poder en octubre de 2022, ha dado un giro a la política energética y ha apostado por la nuclear antes que por las renovables para garantizar el suministro eléctrico e impulsar la producción.
Suecia quiere multiplicar por tres su producción nuclear en las dos próximas décadas para poder duplicar a su vez en 2045 la producción eléctrica y asegurar así un suministro más estable.
El Gobierno cuenta con el apoyo del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), su aliado externo, para sacar adelante en el Parlamento la propuesta de ley, que espera entre en vigor a partir del próximo 1 de agosto.
El proyecto de ley ha sido criticado en los últimos meses por los partidos de la oposición y organizaciones ecologistas, que reprochan a la iniciativa no tener en cuenta suficientemente las consecuencias de las ayudas económicas y por los posibles riesgos económicos para los contribuyentes y el Estado. EFE
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