Tras las rejas de la Corte Penal Internacional: cocina, gym y libros a la espera de juicio
Imane Rachidi
La Haya, 25 may (EFE).- No hay armas, pero sí puertas blindadas, un libro de Pérez-Reverte, películas, partidas de mesa empatadas y, en la cocina común, un salmón descongelándose junto a una sartén sucia: así transcurre la vida cotidiana en el Centro de Detención de la Corte Penal Internacional (CPI), donde aguardan juicio algunos acusados de los peores crímenes del planeta.
Está dentro de un edificio gris de Scheveningen, barrio costero de La Haya (Países Bajos), y se accede atravesando varios controles de seguridad: el pasaporte se revisa dos veces, los aparatos electrónicos están prohibidos -incluido relojes inteligentes- y todo debe quedar en taquillas antes de pasar por escáneres y puertas blindadas que se abren una a una.
Los guardias cuentan varias veces al pequeño grupo de periodistas, entre ellos EFE, al que se ha dado un acceso poco habitual al interior de uno de los lugares más herméticos de Europa: el centro de detención en el que viven los sospechosos de la CPI mientras transcurre su juicio; una vez dictada sentencia -años después- son trasladados a una cárcel en otro país.
En el patio interior, unas líneas de colores indican el camino al centro de detención de la CPI, dentro del complejo penitenciario neerlandés que también alberga unidades de otros tribunales internacionales, como el mecanismo residual de la ONU para la antigua Yugoslavia.
«Esto no es Guantánamo. El objetivo es hacer la detención lo más humana posible», explica Marc Dubuisson, director de la División de Servicios Judiciales de la CPI y responsable del sistema de detención.
La prisión está diseñada para parecer, en la medida de lo posible, menos cárcel; la CPI la define como un espacio para mantener a los detenidos bajo custodia «segura, protegida y humana».
Dispone de 32 celdas y funciona bajo normas específicas distintas a las del sistema penitenciario neerlandés, aunque esté en territorio de Países Bajos.
Actualmente alberga a siete detenidos (presuntos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad en Libia, República Centroafricana, Filipinas y Malí), incluido el expresidente filipino Rodrigo Duterte, trasladado a La Haya en marzo del año pasado.
Desde fuera, «nada es visible», recalca Dubuisson, y dentro, el ambiente recuerda más a una residencia austera que a la imagen clásica de una prisión de máxima seguridad.
Las estanterías de la biblioteca están nutridas y entre coranes, biblias y manuales de filosofía, descansa una edición francesa de ‘El sol de Breda’, la novela de Arturo Pérez-Reverte sobre las aventuras del capitán Alatriste.
Hay una sala compartida con juegos de mesa, libros en varios idiomas y una cocina común donde los detenidos preparan sus propias comidas: durante la visita, una sartén sucia reposaba junto a especias, tostadas, plátanos y un salmón descongelándose.
Sobre la mesa queda visible una hoja de puntuación de una partida empatada entre dos detenidos: «Aquí dejan de ser combatientes; llevan la vida de personas detenidas, entre ellos hablan de sus preocupaciones, de sus cosas», señala Dubuisson.
Aquí todo está reglamentado: desde las visitas familiares -en una sala con zona de juegos para niños- hasta la alimentación o la atención psicológica, y «no dependes del humor del funcionario de turno».
Los guardias no llevan armas, y no son oficiales de la policía, sino «agentes de custodia».
La comida, dice Dubuisson, es central porque, señala, «cuando la gente empieza a quejarse de la comida, tenemos un problema», por eso, se tienen en cuenta las diferentes culturas alimentarias de los detenidos y estos reciben 25 euros semanales para comprar productos adicionales.
Las autoridades permiten además cursos de idiomas, informática, piano, u otra especialización que soliciten los detenidos, y tienen acceso a gimnasio, entrenadores deportivos y una hora diaria al aire libre.
Las visitas familiares tienen un tratamiento singular y se adopta una definición amplia de familia, adaptada a realidades culturales de los detenidos.
«No aplicamos juicios morales sobre eso», explica Dubuisson al mencionar situaciones de poligamia o tutores masculinos necesarios para que algunas mujeres musulmanas puedan viajar hasta Países Bajos.
Incluso existen habitaciones privadas sin cámaras activas para reuniones con abogados, representantes consulares o visitas conyugales.
El sistema busca mantener un equilibrio entre dignidad y seguridad: la vigilancia médica y psicológica es constante; y el personal está atento a señales de suicidio, aislamiento o huelgas de hambre.
«La alimentación forzada está totalmente prohibida, incluso si un juez la pidiera», alerta Dubuisson.
La CPI mantiene abiertas órdenes de arresto contra otra treintena de sospechosos, entre ellos el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, o el presidente ruso, Vladimir Putin. Si algún día llegan a La Haya, les esperará las mismas puertas blindadas, la misma cocina compartida y las mismas estanterías donde hoy descansa una novela de Alatriste. EFE
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