Uruguay enfrenta «serios deterioros» en derechos humanos, según Amnistía Internacional
Montevideo, 21 abr (EFE).- Uruguay ha sufrido «serios deterioros que impactan en la población más vulnerable del país», según advierte el informe 2025 de Amnistía Internacional (AI), que cuestiona el mito de que el país sudamericano sea un referente en materia de derechos humanos.
Este martes, el informe fue presentado en Uruguay en un evento con la presencia del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, quien dijo a EFE que el documento permite al Gobierno hacer una autocrítica y advirtió que el país enfrenta restricciones como mayor endeudamiento, déficit fiscal y falta de personal.
En el capítulo ampliado sobre Uruguay, la organización identifica que el presupuesto quinquenal aprobado por el Parlamento para el período 2025-2029 cuenta con «vacíos presupuestales en políticas públicas clave», como las dirigidas a la niñez y adolescencia, a las mujeres, al sistema de salud mental y al sistema penitenciario, entre otras.
En ese sentido, AI manifiesta preocupación por el fallecimiento de 20 personas que estaban al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en 2025, así como la muerte de al menos 13 niñas y niños como consecuencia de la consolidación de la violencia vicaria en los últimos tres años en Uruguay.
«Uruguay es un país inseguro y hostil para las niñas, niños, adolescentes y mujeres», concluye el informe y alerta por la falta de un presupuesto integral para tratar estos temas y «prevenir situaciones extremas de violencia de género».
Entre otros puntos, AI advierte por fallas en materia de salud mental, reflejado en los 764 suicidios registrados en Uruguay en 2025, una tasa de 21,35 por cada 100.000 habitantes.
También advierte que en el año 2025, Uruguay «llegó a su máximo histórico de personas privadas de libertad» siendo estas 16.496, lo que representa una tasa de encarcelamiento de 477 personas cada 100.000 habitantes.
Y manifiesta preocupación por la falta de cambios en la «impunidad estructural» existente sobre los hechos acontecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), el registro de «casos de hostigamiento y represalias a periodistas en el marco de su profesión» y «el deterioro hídrico que impacta en la calidad del agua potable que llega a gran parte de la población del país».
En cuanto a los avances en materia de derechos humanos, se celebra que el Gobierno actual haya retomado sus «posturas históricas» en materia de política exterior al participar activamente en ámbitos multilaterales y en las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Mahía afirmó que el Gobierno del que forma parte asumió con los derechos sociales como prioridad, pero en condiciones de «más endeudamiento, con más déficit fiscal y con una cantidad faltante de funcionarios muy importante».
«Lo importante es no retroceder en algunos aspectos y avanzar en otros (…) Todos tenemos deberes, el Uruguay también», señaló. EFE
dcf/scr/lnm
