Relaciones entre Suiza y la UE: una comisión propone un impuesto a la inmigración
La Comisión de Instituciones Políticas del Senado suizo va más allá que el Gobierno en las medidas de salvaguardia frente a la inmigración previstas en el paquete de acuerdos entre Suiza y la UE. La comisión ha propuesto introducir un impuesto como medida adicional de protección.
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Relaciones entre Suiza y la UE: una comisión propone un impuesto a la inmigración
El tercer paquete de acuerdos bilaterales controla las normas sobre la libre circulación de personas y facilita así el acceso de la ciudadanía de la UE a Suiza. El Gobierno ha adoptado varias medidas nacionales de salvaguardia, entre ellas una cláusula que debe poder activarse cuando determinados criterios indiquen la existencia de graves dificultades económicas o sociales.
La comisión ha complementado esto con un impuesto a la inmigración, según informaron el martes los servicios del Parlamento. En el caso de empleados, el impuesto correrá a cargo de las empresas. En cuanto a las familias, deberán pagarlo las personas mayores de edad que hayan llegado a Suiza mediante la reagrupación familiar.
La comisión considera que este impuesto incentivará el aprovechamiento del potencial de la mano de obra residente en Suiza. Los ingresos recaudados deberán redistribuirse entre la población. El impuesto también se aplicará a las personas procedentes de terceros países una vez activada la cláusula de salvaguardia.
Revisión sistemática
En relación con la cláusula de salvaguardia, la comisión ha valorado positivamente que el Gobierno prevea implicar más estrechamente a las comisiones parlamentarias, los cantones, los municipios y los agentes sociales en la toma de decisiones. También ha decidido que el Gobierno deberá revisar anualmente si es necesario activar esta cláusula.
En términos más generales, la comisión quiere reforzar los controles de seguridad. A su juicio, es necesario evaluar sistemáticamente si las personas ciudadanas de la UE que soliciten residir en Suiza suponen una amenaza para la seguridad, el orden público o la salud pública.
En el caso de las personas procedentes de terceros países, deberá exigirse un certificado de antecedentes penales expedido por el país de origen o de residencia. Si la evaluación determina que la persona en cuestión supone una amenaza, su derecho de residencia podrá denegarse o limitarse.
Debate en otoño
Con ello, la comisión ha concluido su examen sobre el paquete de acuerdos entre Suiza y la UE relacionados con la legislación en materia de inmigración. En principio, respalda las disposiciones legales de aplicación propuestas por el Gobierno.
También ha introducido otras modificaciones y ha rechazado propuestas destinadas a endurecer las normas. El Senado abordará la cuestión durante la sesión de otoño.
Artículo adaptado al español por Carla Wolff.
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