El Congreso peruano debatirá una ley de terrorismo urbano por la ola de inseguridad
Lima, 24 ene (EFE).- El Congreso peruano debatirá un proyecto de ley, propuesto por el Ejecutivo, que califica algunos tipos penales relacionados con la delincuencia común como «terrorismo urbano», «ante la grave crisis de inseguridad» que afecta a Perú, informó este viernes el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana.
A través de un comunicado en X, el Congreso anunció una serie de propuestas que tomará tras acordar con la Presidencia del Consejo de Ministros y autoridades regionales la necesidad de «medidas efectivas» para enfrentar la ola de criminalidad.
«Discusión prioritaria del Proyecto de Ley de Terrorismo Urbano. Hemos solicitado a la Comisión de Justicia y las bancadas, iniciar su debate por ser iniciativa que propone enfrentar con severidad las nuevas formas de delincuencia», indicó sobre esta iniciativa legislativa enviada por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
El Gobierno de Perú presentó en octubre pasado ese proyecto de ley que busca calificar como «terrorismo urbano» los delitos de extorsión, secuestro y sicariato, en respuesta a la ola de criminalidad denunciada por transportistas y gremios empresariales.
El proyecto incluye modificar varios artículos del Código Penal «a fin de fortalecer las acciones de lucha contra la inseguridad ciudadana», para lo que propone un endurecimiento de las penas, lo que incluye la cadena perpetua si quien comete este tipo de delitos pertenece a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional.
El Legislativo también debatirá penas más severas para delitos de tenencia ilegal de armas, tenencia y uso de explosivos, extorsión, sicariato, atentados contra medios de comunicación y transportes, asalto y robo.
Por otro lado, debatirá un proyecto de ley para la creación de unidades de flagrancia y contar así con mecanismos procesales que garanticen sanción inmediata de actos criminales.
Además, propuso crear mesas de trabajo multisectoriales con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y expertos en seguridad ciudadana, «con el objetivo de aprobar normas y estrategias que sean instrumentos efectivos en la lucha contra la delincuencia en el país».
Por último, anunciaron visitas de inspección en regiones críticas del país para verificar el cumplimiento de políticas y legislación sobre seguridad y orden interno, así como promover transparencia e información sobre las acciones desplegadas, para el conocimiento de la opinión pública.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, compartió el comunicado de Salhuana y saludó estas iniciativas.
«Comprometo la decidida participación del Poder Ejecutivo en su ejecución. Celebro que el llamado a la ‘unión frente al terror’ que hiciera la Presidencia de la República tenga eco en los poderes del Estado», señaló Adrianzén en X. EFE
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