El Gobierno de Panamá impulsa una ley para mejorar el servicio eléctrico nacional
Ciudad de Panamá, 16 jun (EFE).- El Gobierno de Panamá informó este martes que aprobó un proyecto de ley para «fortalecer el marco regulatorio actual y revertir el desmejoramiento sistemático en la calidad del suministro eléctrico» en el país centroamericano.
El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Gabinete (de ministros) y debe ser presentado, en una fecha no especificada, a la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para su aprobación.
La iniciativa «detalla que, durante las últimas décadas, los clientes han enfrentado constantes incidencias como fluctuaciones de voltaje e interrupciones frecuentes del servicio, lo que ha provocado daños en equipos y artefactos eléctricos», indicó en un comunicado la Presidencia.
«En respuesta a esta realidad, el Ejecutivo refuerza, mediante esta iniciativa legislativa, tanto el régimen de derechos de los usuarios como las obligaciones de las empresas distribuidoras, incorporando además disposiciones orientadas a garantizar una mayor transparencia en la información suministrada a los clientes», detalló la nota.
De acuerdo con la información oficial, «las modificaciones incluyen plazos definidos para la atención de reclamos» y que «las multas impuestas a las empresas se hagan efectivas y que esos recursos lleguen al cliente afectado», entre otros.
La iniciativa de ley «también prepara las condiciones para una mayor competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución en 2028, y refuerza las reglas de calidad y continuidad del servicio, de manera que el sistema pueda prevenir, fiscalizar y responder ante interrupciones».
En Panamá hay tres distribuidoras: Elektra Noreste (ENSA), propiedad de la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM); la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste (Edemet) y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí (Edechi), las dos últimas de la española Naturgy.
Estas distribuidoras funcionan bajo el esquema de empresa mixta, en la que EPM y Naturgy cuenta con el 51 % accionarial y el resto pertenece al Estado – al menos el 48 % – y a los trabajadores – máximo 2 % -.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó a la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) una apertura del mercado de comercialización de energía eléctrica a fin de introducir una mayor competencia, según un documento filtrado a la prensa local el pasado sábado. EFE
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