El Gobierno de Perú aprueba un plan para revertir el hacinamiento en las cárceles del país
Lima, 6 jun (EFE).- El Gobierno de Perú aprobó un ‘Plan de Deshacinamiento Penitenciario’ que tiene como objetivo revertir hasta el 2028 la sobrepoblación en las cárceles del país, en cumplimiento de un mandato emitido en 2020 por el Tribunal Constitucional (TC), informaron este sábado fuentes oficiales.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señaló en un comunicado que el TC declaró un «estado de cosas inconstitucional» respecto al hacinamiento carcelario en el país y que la medida también se alinea con los objetivos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y la declaración de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario.
En ese sentido, el ministerio publicó una resolución en el diario oficial El Peruano, que establece que el plan deberá ser cumplido «de manera articulada» entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Dirección de Gracias Presidenciales.
Por su parte, la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia se encargará de supervisar e informar sobre la implementación y cumplimiento de los objetivos hasta 2028.
Además, para asegurar que la propuesta tenga resultados concretos, se dispuso que el INPE deberá diseñar y presentar los instrumentos técnicos y mecanismos de reporte para su seguimiento en un plazo de 15 días, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Criminológicos.
El TC de Perú declaró en mayo de 2020 la existencia de un «estado de cosas inconstitucional» respecto del hacinamiento de los penales y las severas deficiencias en la calidad de su infraestructura y servicios básicos penitenciarios a nivel nacional.
El tribunal, que por entonces presidía la magistrada Marianella Ledesma, dispuso que si en 2025 no se había superado ese estado de cosas se debían cerrar los seis establecimientos penitenciarios con mayores niveles de hacinamiento en el país, algo que no ha sucedido.
En ese momento se indicó que el hacinamiento en el penal de la ciudad de Chanchamayo llegaba a un 553 %, en Jaén al 522 %, en Callao a un 471 %, en Camaná al 453 %, en Abancay al 398 %, y en el Miguel Castro Castro, de Lima, al 375 %.
La sentencia fue aprobada en un proceso de habeas corpus interpuesto por un preso en el penal de Tacna, en el sur del país, quien informó que dormía en el suelo y no recibía la atención médica que había solicitado de manera reiterada.
En ese sentido, el TC también exhortó al Poder Judicial «a identificar un adecuado nivel de equilibrio» al dictar las prisiones preventivas, ya que remarcó que las cárceles «deben ser pobladas preferentemente por personas que hayan cometido delitos graves que impliquen peligro social».
El INPE informó en diciembre pasado que 103.342 personas estaban en prisiones de Perú, a pesar de que las 70 cárceles del país tienen una capacidad máxima para 41.764 reclusos, lo que implica un promedio de sobrepoblación de 139 %. EFE
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