Suiza-UE: ¿habrá terminado la era de la cordialidad?
Las relaciones entre Berna y Bruselas atraviesan un nuevo momento de incertidumbre. Tanto Suiza como la UE observan con inquietud los movimientos de la otra parte. ¿Qué está pasando? Análisis.
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Suiza-UE: ¿habrá terminado la era de la cordialidad?
¿Cuál es el plan?
En realidad, la situación se parece a una emergencia en alta mar: cuando algo tiene prioridad absoluta, todo lo demás debe esperar. En esos casos, la guardia costera decreta un «Silence Mayday», una orden que implica el cese de todas las comunicaciones por radio. Quien no participe directamente en la operación de rescate debe guardar silencio.
Algo similar acordaron el Gobierno suizo y la Comisión Europea: hasta que el nuevo paquete de acuerdos sea ratificado por los respectivos parlamentos, nada debería desviar la atención ni complicar el proceso. Así lo pactaron Suiza y la UE (Unión Europea) en junio de 2025.
«Dado el carácter sensible del proceso de ratificación, ambas partes deben apoyar su conclusión satisfactoria y, al mismo tiempo, reforzar sus relaciones bilaterales», se afirmaba en la declaración conjuntaEnlace externo que el ministro suizo de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, y el vicepresidente de la Comisión Europea Maroš Šefčovič firmaron el año pasado.
En ese mismo texto, la UE y Suiza se comprometían a colaborar estrechamente y «de buena fe».
No en vano, el camino hasta este paquete de acuerdos ha sido complicado: trece años de negociaciones, 200 rondas de conversaciones y un serio revés en 2021, cuando el Consejo Federal decidió romper las negociaciones.
Por eso resulta comprensible que los equipos negociadores quieran evitar cualquier nueva complicación en la recta final del proceso de ratificación.
¿Cuál es la situación actual?
En marzo, el Consejo Federal remitió el paquete al Parlamento. Las dos cámaras lo debatirán este mismo año. La votación popular no llegará antes de 2027.
Por el momento, el debate político se centra en cómo deberá votar la ciudadanía: si sobre el paquete en su conjunto o sobre cada uno de sus elementos por separado.
Otra cuestión que genera una gran controversia es si la aprobación requerirá una doble mayoría —de votantes y cantones— o únicamente una mayoría popular simple, como propone el Gobierno. Para aclarar este punto se ha lanzado incluso una iniciativa popular, la denominada «Iniciativa Compás» («Kompass-Initiative»).
En el lado europeo, el proceso ha sido más sencillo. En febrero, los 27 Estados miembros dieron su visto bueno al paquete de acuerdos.
¿Cómo está interfiriendo la UE?
Sin embargo, en abril la Unión Europea tomó dos decisiones que han complicado la situación para Suiza.
Por un lado, presentó una propuesta para que las personas trabajadoras transfronterizas que pierdan su empleo en Suiza reciban las prestaciones por desempleo a cargo de este país. El Parlamento Europeo solo debe ratificar formalmente la decisión. Según la Secretaría de Estado de Economía de Suiza, esta transferencia de costes podría suponer para el país hasta 900 millones de francos al año.
Por otro lado, la UE no excluyó a Suiza de los nuevos aranceles sobre el acero, a diferencia de los países miembros del Espacio Económico Europeo. A partir de julio, y una vez superado un determinado contingente, las exportaciones suizas de acero podrían enfrentarse a un arancel del 50 %, frente al 25 % actual. La industria siderúrgica suiza reaccionó con alarma y habló de una «prohibición de exportación de facto».
También el presidente de la Confederación, Guy Parmelin, recurrió a palabras contundentes. En declaraciones a la radio pública SRF dijo lo siguiente:
«Le he comunicado a la UE que ya tenemos el problema del acero. Ahora se añade esta cuestión de las prestaciones por desempleo. Ambas coinciden con el debate parlamentario sobre el paquete de acuerdos. Solo puedo decir una cosa, y es que eso no ayuda».
¿Cómo responde el Consejo Federal?
El Gobierno suizo quiere llevar la cuestión de las prestaciones para los trabajadores transfronterizos al denominado comité mixto, el mecanismo más accesible para resolver conflictos —o «necesidades de interpretación», en el lenguaje diplomático— entre Suiza y la UE.
«Probablemente el comité mixto tendrá que abordar conversaciones especialmente delicadas», señaló Parmelin.
No obstante, el momento elegido por la UE parece obedecer al azar. «Esta propuesta lleva años debatiéndose dentro de la Unión», explica la profesora de Derecho Europeo Astrid Epiney. «Ahora los Estados miembros han logrado finalmente alcanzar un acuerdo».
Además, recuerda que la normativa también se aplicará a todos los países de la UE y afectará igualmente a otros Estados con un elevado número de trabajadores transfronterizos, como Luxemburgo o Alemania.
Respecto al conflicto por los aranceles al acero, Parmelin fue igualmente tajante:
«No es aceptable. Tenemos que encontrar soluciones y alcanzar un compromiso que sea razonable para Suiza».
El presidente también hizo referencia directa a la declaración conjunta que regula la convivencia durante el periodo transitorio:
«Acordamos que, mientras la población no se hubiera pronunciado sobre el paquete, no se pondrían sobre la mesa nuevas cuestiones. Y ahora, en muy poco tiempo, nos encontramos con dos temas delicados».
¿Cómo está interfiriendo Suiza?
La UE conoce bien las reglas del juego suizo, aunque eso no las haga más fáciles de asumir: en Suiza, ni siquiera la firma del Gobierno basta para dar algo por cerrado mientras la ciudadanía no se haya pronunciado.
Y la mejor prueba de ello es el debate que ocupa actualmente la política helvética: la campaña en torno a la iniciativa de la UDC (derecha conservadora) «No a una Suiza de 10 millones de habitantes».
A largo plazo, esta iniciativa pone en cuestión la libre circulación de personas. Si la población la aprueba, Suiza tendría que adoptar medidas para limitar la inmigración procedente de la UE.
¿Solo a largo plazo? Jans, ministro de Justicia y encargado de defender la posición del Gobierno contra la iniciativa, afirmó en el programa de debate «Arena» de la SRF que una eventual aprobación del texto obligaría a Suiza a empezar a restringir la libre circulación de personas mucho antes de alcanzar los 10 millones de habitantes.
Según Jans, para evitar superar ese umbral habría que adoptar medidas destinadas a frenar la inmigración procedente de la UE.
«Si la iniciativa se aprueba, la Constitución nos obligará a cuestionar la libre circulación. Cuando se alcance la cifra de 10 millones de habitantes, ya no habrá margen de interpretación. Por eso debemos empezar a actuar contra la libre circulación antes de llegar a ese punto. Tenemos que adoptar medidas para evitar que ocurra. Por ejemplo, podríamos decir a los europeos que vengan a trabajar aquí que no podrán traer consigo a sus familias».
Con estas declaraciones, Jans quiso ilustrar las consecuencias que, a su juicio, tendría la aprobación de la iniciativa. Entre las posibles medidas mencionó incluso la suspensión de la reunificación familiar para quienes inmigran de la UE.
La afirmación estaba claramente dirigida al público nacional. De hecho, Jans añadió:
«Con ello pondríamos en riesgo todo el camino bilateral».
Otra cuestión es si sus palabras estaban cuidadosamente calibradas desde el punto de vista de la política exterior. El texto de la iniciativa no exige ninguna intervención inmediata sobre la libre circulación.
Aun así, si la iniciativa «No a una Suiza de 10 millones de habitantes» sale adelante el 14 de junio, Bruselas querrá tener claro qué consecuencias tendrá para la libre circulación de personas.
Sin embargo, Astrid Epiney cree que la UE evitará hacer comentarios públicos al respecto:
«Eso no significa que la UE no esté siguiendo la situación con la máxima atención».
¿Cómo responde la UE?
Swissinfo trasladó dos preguntas a la delegación de la Unión Europea en Berna.
La primera: ¿qué opina la UE de la acusación del presidente Guy Parmelin de que Bruselas está actuando contra el principio de buena fe?
La segunda: ¿cómo valora las declaraciones del ministro Beat Jans sobre una posible suspensión de la reunificación familiar para ciudadanos europeos en caso de aprobarse la iniciativa de la UDC?
La representación de la UE en Suiza no respondió a ninguna de las dos cuestiones. Tampoco la portavoz jefe de la Comisión Europea quiso pronunciarse en Bruselas sobre los aranceles al acero, pese a las preguntas formuladas por el diario Neue Zürcher Zeitung.Enlace externo
¿Significa eso que han terminado los tiempos de amabilidad y cordialidad?
Es una posible interpretación.
No obstante, para Astrid Epiney existe otra lectura. Según la experta, «la Comisión Europea no suele pronunciarse sobre debates de política interna, tampoco en los Estados miembros».
Solo interviene cuando realmente existe un problema.
Visto así, por ahora quien más contribuye a alimentar la incertidumbre no parece ser Bruselas, sino la parte que más debate está generando.
Editado por Samuel Jaberg. Adaptado del alemán por Carla Wolff.
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