La Corte Suprema de El Salvador admite amparo por masacre indígena de 1932
San Salvador, 17 ago (EFE).- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador admitió un proceso de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) por la omisión de investigar la masacre de miles de indígenas y campesinos en 1932, según dijo este miércoles a Efe una de las demandantes.
La abogada Claudia Interiano explicó a Efe que la Sala, que notificó el martes su resolución de admisión a pesar de que fue emitida a inicios de noviembre de 2021, ordenó a la FGR rendir un informe.
Detalló que esta institución debe aclarar, en un plazo de 24 horas a partir de que le sea notificada la resolución, “si es cierto o no que hubo una omisión de la investigación” de la masacre.
Entre enero y febrero de 1932, el entonces presidente de El Salvador, el general Maximiliano Hernández Martínez, aplastó una insurrección indígena y campesina causando entre 25.000 y 32.000 muertos, según diversas fuentes.
“Nosotros lo que esperamos es que se ordene directamente una investigación, es un crimen que no ha prescrito”, agregó la letrada.
La resolución de admisión, a la que Efe tuvo acceso, indica que los familiares de las víctimas y la sociedad salvadoreña “necesitan obtener información sobre las circunstancias y los motivos por los que ellos y otras personas fueron desaparecidos o asesinados”, además de saber “la identidad de los autores”.
La Sala indicó que la falta de una investigación podría haber afectado los derechos “a la verdad, identidad cultural del pueblo indígena y protección no jurisdiccional”.
Inicialmente, los demandantes presentaron un hábeas corpus por la desaparición de Pedro Rodríguez Lúe, José Cruz Rodríguez y Juan Rodríguez, pero esta fue rechazada y se convirtió en un amparo.
El documento indica que Rodríguez Lúe “había ganado las elecciones municipales” de la localidad occidental de Nahuizalco, pero “no pudo asumir el cargo”.
La resolución también consigna el señalamiento de que “la matanza de 1932 fue ejecutada en el marco de una opresión hacia los pueblos indígenas que luchaban contra las políticas estatales orientadas a abolir su identidad”.
Los jueces constitucionalistas se abstuvieron de decretar medidas cautelares relacionadas con “garantías de no repetición”, dado que la “reparación de daños” se establecerá en una “eventual sentencia estimatoria”.
La Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador (Digestyc) reveló, en un estudió realizado en 2007, que en el país centroamericano hay alrededor de un millón de indígenas que representan el 17 % de la población.
Los pueblos indígenas de El Salvador incluyen a los náhuas, pipiles, lencas, kakawiras y maya chortís. EFE
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