La Asamblea de El Salvador decreta inmunidad penal en el marco de la pandemia
San Salvador, 5 may (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó este miércoles una ley que dictamina la inmunidad penal y administrativa a funcionarios gubernamentales y particulares por la gestión de la pandemia de la covid-19.
El beneficio judicial, aprobado con 63 votos de los 84 diputados, incluye las posibles irregularidades cometidas desde el inicio de la pandemia, dado que al ser considerada una materia de “orden público” es retroactiva.
El Gobierno salvadoreño enfrentaba investigaciones, al menos hasta antes del 1 de mayo cuando se destituyó al fiscal Raúl Melara, por el supuesto uso irregular de fondos estatales destinados a la atención de la pandemia.
La ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionada por la pandemia covid-19, presentada a petición del presidente Nayib Bukele, establece que la inmunidad se aplicará “ante cualquier reclamo” vinculado con la compra de tratamientos médicos para atender la covid-19.
Además, incluye un amplio listado de actividades relacionadas con el desarrollo, administración, uso de un producto o servicio para tratamientos médicos.
La ley establece que los beneficiarios son los “proveedores de servicios en salud tales como médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias, y los que trabajan en el sector de la salud”, según el artículo 4.
También incluye al “fabricante, el titular de la autorización de comercialización y/o el distribuidor del producto o servicio para tratamientos médicos, ya sea nacional o extranjero”.
El diputado Johnny Wright, del partido opositor Nuestro Tiempo (NI), señaló que, a su juicio, parece que el decreto legislativo “busca ocultar, busca blindar, busca inmunidad para todos los procesos que tienen que ver con el manejo de la pandemia”.
La diputada opositora Anabel Belloso señaló que la iniciativa aprobada también pretende “crear un fuero a los funcionarios que, en el marco de la atención de la pandemia, están fuertemente señalados por casos de corrupción por el uso abusivo de los fondos públicos”.
“Es querer hoy, con esta aprobación de una ley exprés, arreglar todos los chanchullos por los que ya están siendo investigados funcionarios del actual Gobierno”, añadió la parlamentaria del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FLMN).
Guillermo Gallegos, de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), rechazó que se trate de “querer cubrir situaciones irregulares” y dijo que busca proteger a los empleados del sistema de salud, proveedores y farmacéuticas por los riesgos de aplicación de las vacunas contra el coronavirus.
La iniciativa aprobada con dispensa de tramites también autoriza al Ministerio de Salud la compra de productos sanitarios sin pasar por los controles tradicionales.
La Fiscalía General de la República (FGR) allanó en noviembre de 2020 el Ministerio de Salud y unas 12 dependencias del Gobierno y proveedores.
El entonces fiscal general, Raúl Melara, confirmó que las investigaciones por el supuesto manejo irregular de fondos para la pandemia se originaron principalmente por indicios presentados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).
Melara fue destituido el sábado y en su lugar se puso Rodolfo Delgado, exasesor del Gobierno de Bukele y abogado del director de la Policía en un proceso de desafuero.
De acuerdo con medios locales, Delgado anunció que revisará un acuerdo firmado entre el Ministerio Público y la Cicies.
El cese de Melara y de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sido duramente criticada por la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, por suponer un atentado a la separación de poderes. EFE
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