Empieza en Sudáfrica el proceso por el recurso contra la polémica Ley de Expropiación
Nairobi, 3 ago (EFE).- Un tribunal de Sudáfrica inició este lunes el proceso por la demanda presentada por la Alianza Democrática (AD), el segundo partido del Gobierno de coalición, contra una controvertida ley que facilita la expropiación de tierras por interés público y que fue criticada por Estados Unidos.
«La AD se encuentra hoy, lunes, ante el tribunal para proteger los derechos de propiedad de todos los sudafricanos. No aceptaremos un proyecto de ley que legalice el acaparamiento de tierras. Es inaceptable en una democracia constitucional», declaró el presidente del Consejo Federal de la AD, Ashor Sarupen, a las puertas del Tribunal Superior del Cabo Occidental, en Ciudad del Cabo.
El partido argumenta, por un lado, que la ley fue aprobada por el Parlamento de manera ilegal y, por otro, que contiene algunos defectos que hacen imposible su implementación.
«Lo que necesitamos es una legislación estable que atraiga inversión, garantice que la gente pueda crear riqueza intergeneracional y proteja tantos derechos como sea posible», señaló Sarupen.
«La Ley de Expropiación se aprobó de manera inconstitucional y debe ser declarada inválida», zanjó.
La AD impugnó en febrero de 2025 la Ley de Expropiación, que había sido aprobada en el mes de enero anterior después de cinco años de deliberaciones parlamentarias y consultas públicas y que permite a los organismos del Estado expropiar tierras por interés público.
También han impugnado la normativa Afriforum, grupo de presión de la minoría afrikáner (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses) y considerado de extrema derecha, y el Instituto de Relaciones Raciales (IRR), un laboratorio de ideas sudafricano.
La expropiación de tierras es un tema de alta sensibilidad en Sudáfrica, donde todavía hay un reparto desigual del suelo que es herencia del régimen segregacionista del apartheid (1948-1994).
De hecho, según un informe gubernamental de 2017, más del 72 % de las tierras de cultivo de propiedad privada del país pertenecen a la población blanca, que representa menos del 8 % del total de sudafricanos.
La aprobación de esta ley llevó al presidente de EE.UU., Donald Trump, a ordenar en febrero de 2025 el cese indefinido de la ayuda que recibía Sudáfrica desde Washington, al acusar a Pretoria de confiscar las tierras de los afrikáners sin compensación y de permitir un supuesto «genocidio blanco».
El Gobierno sudafricano ha negado esas acusaciones y ha denunciado una «campaña de desinformación y propaganda».
De hecho, el Congreso Nacional Africano (CNA), partido del presidente del país, Cyril Ramaphosa, aseguró entonces que no se había confiscado ningún terreno sin compensación y añadió que esto solo ocurriría en circunstancias excepcionales, por ejemplo, si fuera necesario para uso público y se hubieran agotado todas las vías para adquirirlo. EFE
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