Breve historia de la supervisión a la banca suiza y sus escándalos

La quiebra del gigante bancario suizo Credit Suisse sacudió al sector financiero helvético en 2023. Fabrice Coffrini / Keystone

Escándalos locales y una constante presión extranjera han obligado a Suiza a ir revisando su legislación bancaria a lo largo de la historia. Pero los poderosos grupos de presión de la plaza financiera consiguen frecuentemente aligerar los cambios.

A tres años de la quiebra del Credit Suisse, las autoridades suizas buscan fortalecer al organismo regulador del sector bancario helvético. Una serie de reformas dotarían a Suiza de herramientas de control parecidas a las que tienen desde hace tiempo otras plazas financieras.

Una de las reformas previstas permitiría a la Autoridad Supervisora de los Mercados Financieros (FINMA) empezar a imponer multas y revelar públicamente los nombres de los bancos que no cumplen con la normativa vigente. Si FINMA hubiera tenido estas potestades hace tres años, habría podido divulgar los errores de Credit Suisse con mayor antelación y detalle.

Pero las primeras señales de resistencia se dejan sentir ya en el Parlamento de Suiza. Una reacción que no sorprende porque durante varios años se debatió en Suiza si la banca debía ser regulada a nivel federal. El primer proyecto de ley en este sentido data de 1916, pero fue archivado en Berna hasta que se produjo la Gran Depresión.

Una imagen sin fecha del vestíbulo del Schweizerische Kreditanstalt, entidad que fue la precursora del Credit Suisse en Zúrich. Keystone

La quiebra de la Banque de Genève en 1931 y una crisis que enfrentó el Schweizerische Volksbank, que debió ser rescatado con apoyos estatales de más de 100 millones de francos suizos (unos 123 millones de dólares) en 1933, obligaron a la clase política a pasar a la acción. De manera un poco precipitada, se redactó entonces la Ley Bancaria Federal, una legislación que fue calificada por un ministro de Finanzas como una «hija de la necesidad». La normativa entró en vigor el 1 de marzo de 1935, permitiendo la protección de las personas y sociedades acreedoras de los bancos, ya que establecía nuevos requisitos de capital y reglas de liquidez. Se creó también la Comisión Bancaria Federal (FBC), una nueva autoridad independiente, conformada por cinco integrantes, cuya misión era asegurar el cumplimiento de estas reglas.

Vínculos entre la autoridad reguladora FBC y el dictador Trujillo

El 4 de junio de 1965 se registró el primer gran escándalo de la banca, cuando el Gobierno anunció la destitución inmediata de Max Hommel, entonces presidente de la FBC.

Rafael Leónidas Trujillo (1891-1961) fue presidente de la República Dominicana desde 1930 hasta su deceso. Getty Images

Hommel, un contable del cantón de Turgovia, aceptó utilizar una firma fiduciaria que tenía en Berna para asesorar a dos sociedades del estratega financiero español Julio Muñoz, recibiendo a cambio un pago mensual de 2.000 francos suizos. Hommel jamás reveló este acuerdo a sus colegas de la FBC porque Muñoz era el responsable de gestionar en Europa parte del patrimonio de una controvertida figura de la política latinoamericana: el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien fuera asesinado en 1961.

Junto con algunos contactos que tenía en Suiza, Muñoz logró establecer una relación de negocios con dos prestigiosos bancos de San Galo y Ginebra. Y el supervisor bancario Hommel ignoró deliberadamente que los dos bancos estaban autorizando créditos de gran cuantía, sin garantías, a empresas extranjeras relacionadas con Muñoz.

Dado que los préstamos otorgados jamás fueron devueltos, los dos «bancos de Trujillo» quebraron y fueron intervenidos por la FBC. Simultáneamente, las autoridades y los bancos suizos se esforzaron por resolver con una gran discreción la compleja situación que había provocado la pérdida de capitales generada por el dictador. Hommel fue destituido de forma inmediata, pero jamás tuvo que presentarse a comparecer ante un tribunal. La única consecuencia legislativa que tuvo esta experiencia fue un endurecimiento de los requisitos para conceder licencias a los bancos controlados por capitales extranjeros.

>>> Nuestro resumen de los casos más destacados de fondos ocultos de dictadores en Suiza:

El Tesino, un paraíso para la evasión fiscal italiana

En 1977, actos de evasión fiscal originados en Italia condujeron al Schweizerische Kreditanstalt (que más tarde sería el Credit Suisse) a graves problemas. Durante los 15 años previos, una sucursal del banco ubicada en la localidad fronteriza de ChiassoEnlace externo estuvo concediendo créditos a una sociedad ficticia de Liechtenstein por un total de 2.200 millones de francos suizos, recursos que provenían de los ahorros depositados por clientes de Italia. La sociedad de Liechtenstein actuaba como un «banco dentro del banco», otorgando préstamos y realizando inversiones no bancarias, fundamentalmente en Italia.

La sociedad también era el basurero de los créditos morosos de la sucursal de Chiasso y tomó las pérdidas generadas por operaciones de valores de carácter especulativo realizadas por la cúpula directiva. Una situación que terminó provocando pérdidas del orden de los 1.400 millones de francos suizos, que generaron el mayor escándalo jamás conocido en la historia de la banca suiza, al menos hasta entonces.

Pero, a diferencia del desenlace que tuvo el Credit Suisse 46 años más tarde, el Schweizerische Kreditanstalt sí fue rescatado. En la noche del 26 de abril de 1977, el Banco Nacional de Suiza (BNS) anunció que le prestaría al banco tanto como fuera necesario, abrió una línea de apoyo por hasta 3.000 millones de francos suizos, que tenía el respaldo de los dos principales bancos comerciales de la época: la Swiss Bank Corporation y la Union Bank of Switzerland. El préstamo no fue necesario, pero tener el respaldo del banco central y de dos grandes instituciones, le permitió al banco en problemas restablecer la confianza y evitó que se produjera una retirada masiva de depósitos por parte de la gente.

Fritz Leutwiler, presidente del BNS en aquel momento, comparó el escándalo vivido con una bomba de relojería que les alertó sobre la necesidad de tomar medidas inmediatas. Pocas semanas después, el BNS y la organización paraguas de los bancos redactaron un código de conducta que buscaba restablecer la dañada reputación de la plaza financiera suiza. El «Acuerdo sobre el código de conducta de la banca suiza en materia de acciones de diligencia debida (CDB)» se convirtió a partir de ese momento en la piedra angular de la política de autorregulación de la banca suiza.

La votación sobre el secreto bancario

La izquierda socialdemócrata del Parlamento reaccionó ante el caso Chiasso con la presentación de una iniciativa popular que exigía nuevas leyes que combatieran la evasión fiscal y también la fuga de capitales. Pero la coyuntura en la que la propuesta se presentó y la sólida presión que ejerció el gremio bancario fragilizaron el alcance de esta propuesta. Así que fue rechazada con el 73% de los votos en mayo de 1984. La plaza financiera suiza celebró el resultado considerando que era un voto de confianza de la gente hacia el secreto bancario. El Gobierno abandonó los planes que tenía de plasmar en la legislación un código de conducta para los bancos. El socialista Willi Ritschard, ministro de Finanzas de la época, bromeó en aquel momento diciendo que el secreto bancario era considerado algo tan sagrado como una monja.

Pero solo dos años después, en la primavera de 1986, la plaza financiera suiza volvió a encabezar los titulares de la prensa internacional. El 24 de marzo, el Gobierno de Suiza asumió poderes de emergencia para poder congelar los fondos que tenía en Suiza el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, luego de haber huido a Estados Unidos. Esta decisión fue fundamental porque marcó un antes y un después en la forma en la que Suiza se relacionaba y gestionaba los activos de dictadores.

>>> Lea nuestro artículo sobre la drástica congelación de los activos de Ferninand Marcos:

Mucha prisa para crear una ley antilavado, demasiada calma para aplicarla

Los escándalos conocidos como «Conexión Pizza» y «Conexión Libanesa» dejaron al descubierto nuevos detalles sobre el lavado de dinero que se materializaba en la plaza financiera suiza en la segunda mitad de la década de 1980. Por ello, cuando Elisabeth Kopp, ministra del Gobierno suizo, dimitió en 1989 debido a los controvertidos vínculos empresariales que tenía su esposo, la comunidad política suiza decidió pasar a la acción. Con una inusual rapidez, fueron autorizadas dos leyes para combatir el lavado de dinero.

Pero a la hora de poner en marcha las nuevas reglas, todo avanzó con mucha mayor lentitud. La Asociación Suiza de Banqueros (ASB) trabajaba en limpiar la imagen y la mancillada reputación de la plaza financiera suiza a través de campañas de relaciones públicas. Fue hasta 1999, con el respaldo del Gobierno y del BNS, que las reglas suizas contra el lavado de dinero fueron promovidas como un modelo para otros países.

El año 1999 marcó otro nuevo escándalo bancario para Suiza. Se descubrió que el difunto dictador nigeriano Sani Abacha había saqueado durante años a su país para luego transferir miles de millones de dólares al extranjero. A título precautorio, Suiza decidió congelar un total de 533 millones de francos suizos de Abacha que habían sido depositados en 19 bancos suizos. Disgustada con la banca suiza, la Comisión Bancaria Federal (FBS) decidió revelar el nombre de las 19 instituciones bancarias involucradas, lo que supuso una divulgación de información sensible sin precedentes hasta ese momento.

Una política de mano dura que se mantuvo el año siguiente, cuando se descubrieron cuentas suizas de Alberto Fujimori, expresidente peruano, y de su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesino, producto de la corrupción. Esta vez, la FBC no se contentó con solo revelar el nombre de los bancos involucrados, sino que además destituyó al director general de la sucursal suiza del Bank Leumi.

Esta estrategia de nombrar y avergonzar se fue relajando años después, cuando la Autoridad Supervisora de los Mercados Financieros (FINMA) fue creada en Suiza en 2009. La nueva institución era resultado de la fusión de la Comisión Bancaria Federal, de la autoridad reguladora del sector asegurador y de la autoridad antilavado de dinero.

¿Se le concederán nuevas potestades a la autoridad supervisora del sistema financiero? La batalla en torno al poder de FINMA aún está en marcha. Keystone / Peter Klaunzer

La creación de FINMA, como un organismo integrador que supervisa al sector financiero, era necesaria tras la crisis del UBS, que poco antes había estado muy cerca de la quiebra. En otoño del 2008, el principal banco de Suiza fue rescatado vía una intervención estatal temporal y la creación de un fondo de estabilidad respaldado por el banco central, que absorbió las posiciones malas o riesgosas del banco. Una experiencia que se tradujo en complejas regulaciones posteriores que intentan garantizar que nunca más un banco de talla sistémica -cuya quiebra puede hacer caer a la economía de un país- deba ser rescatado con recursos de la población contribuyente.

Estas normativas se pusieron a prueba en la primavera del 2023. Pero esta vez no se acudió al concepto de un banco «demasiado grande para quebrar» para rescatar al Credit Suisse.  Ante la intensa presión internacional, el Gobierno suizo, el BNS y FINMA decidieron que UBS debía adquirir a su principal rival, que se hallaba a punto de la bancarrota. Y así, Suiza inició una nueva batalla para garantizar la estabilidad de su sistema bancario.

Artículo editado por Benjamin von Wyl; y adaptado al español por Andrea Ornelas. Revisado por Carla Wolff.