Empresarios paraguayos ven «desproporcionado» cierre temporal de cadena de minimercados
Asunción, 13 ago (EFE).- Cámaras empresariales paraguayas calificaron este miércoles como «desproporcionada» la decisión del Gobierno de cerrar temporalmente todas las tiendas de la cadena de minimercados Biggie Express, la más grande del país, tras detectar productos vencidos y supuestamente reetiquetados en doce locales y protestaron al considerar que se ha dañado el «clima de negocios».
La Unión Industrial Paraguaya (UPI) dijo que alienta el control del comercio para preservar los derechos de los consumidores, pero reclamó que las autoridades evalúen el «impacto económico y social que puedan generar medidas desproporcionadas».
También pidió que la información que se difunda se maneje con «responsabilidad» con una orientación hacia soluciones y demandó que los procedimientos eviten «impactos irreversibles en las cadenas de valor, el empleo y las inversiones».
El lunes, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) de Paraguay informaron de la suspensión temporal de actividades en la red de locales de la cadena tras detectar, según dijeron, irregularidades en inspecciones en una docena de establecimientos.
La titular de la Sedeco, Sara Irún, anunció que se abrieron doce sumarios contra esta cadena y se aplicarán las sanciones que correspondan.
En un comunicado, Biggie Express expresó que la medida atenta «contra las garantías jurídicas y los derechos constitucionales que protegen la libre competencia, la actividad empresarial y el trabajo digno».
La cadena detalló que cuenta con más de 260 locales en todo el país, genera más de 5.300 empleos directos y opera con más de 500 proveedores, entre productores agrícolas y microemprendedores.
En un comunicado, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) coincidió en que la medida es «desproporcionada», y a su juicio «daña el clima de negocios» del país.
«No está en juego el prestigio de una firma comercial sino que con una medida como esta se golpea la economía del país», indicó la cámara.
La decisión de Sedeco y Dinavisa también provocó polémicas en el sector político.
En una sesión plenaria, el presidente de la Cámara de Senadores, el oficialista Basilio Núñez, llamó a la cadena de minimercados a trabajar «en condiciones» para no poner, según afirmó, «en peligro» a los ciudadanos que compran alimentos.
«Creo que no podemos callarnos, venga de donde venga», sentenció el senador mientras mostraba, como ejemplos, un yogur y panes marcados como «vencidos» y «reetiquetados».
Según el legislador, la medida evita que esos productos sean consumidos.
Por otro lado, el diputado opositor del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Adrián Vaesken consideró que la sanción fue «extrema» y constituye «un golpe a la confianza» para los posibles inversionistas.
«Yo creo que es una medida extrema, puede ser considerada hasta como un terrorismo de Estado, no se puede intervenir de lo público a lo privado de la forma extrema en que hizo este Gobierno», criticó.EFE
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