España utiliza muy poco las penas alternativas a la prisión y con pocos medios humanos
París, 9 jul (EFE).- España es uno de los países europeos que menos utiliza las penas alternativas a la prisión, con la relativa excepción de Cataluña, y cuando lo hace pone muy pocos medios humanos para la supervisión, lo que constituye un obstáculo a la reinserción de las personas concernidas, según el Consejo de Europa.
En su informe SPACE II sobre esas medidas probatorias publicado este jueves, el Consejo de Europa explica que entre enero de 2024 y enero de 2025 en España se aplicaron 62 por cada 100.000 habitantes, frente a las 239 de media en los 24 sistemas europeos para los que hay cifras comparables.
La diferencia es todavía menor para España sin Cataluña (39 por cada 100.000), que como tiene competencias transferidas sobre justicia, prisiones y ejecuciones dispone de estadísticas propias y donde se recurre mucho más a esas penas alternativas (139 por cada 100.000), pero también lejos de la media europea.
El responsable del estudio SPACE y profesor de la Universidad de Lausana, Marcelo Aebi, indicó a EFE que en España hay poca cultura de este tipo de condenas y sólo se habla de penas de prisión como castigo para todo tipo de delitos.
«No creo que esto sea muy útil», comentó Aebi, que recordó que otra de las peculiaridades del sistema penal en España es que aunque entra relativamente poca gente en la cárcel, los que entran están periodos más largos que en otros países.
También indicó que dentro de España Cataluña tiene «una tradición» de aplicación de penas más largas, que dio lugar incluso a una forma de saturación cuando se privilegiaron para los delitos de tráfico, ante de que se corrigiera esa tendencia con una reforma legal.
Otro elemento en el que España destaca es que, si se excluyen las cifras de Cataluña, es el segundo país de la serie europea, sólo por detrás de Armenia, que tiene en proporción menos supervisores de las personas condenadas a penas alternativas, en concreto uno por cada 74, mientras que la media europea es de 27.
Cataluña por sí sola tiene un agente de probación por cada 31 personas por supervisar, muy cerca de la media europea, y gracias a eso el conjunto de España se queda con 63.
Para Aebi, España «tiene que invertir en personas que ayuden a las personas (con medidas probatorias) a integrarse».
A su juicio, una de las posibles razones del poco uso y del poco interés por las medidas probatorias podría ser evitar una competencia de empleo en un país con las tasas de desempleo tan elevadas.
En cualquier caso, el número de medidas alternativas a la cárcel aumentaron un 4,9 % en España en el último periodo anual para el que hay datos comparativos, hasta enero de 2025, y eso gracias de nuevo a Cataluña, donde el incremento fue del 9 %, uno de los mayores en porcentaje de todos los países del estudio.
Como en la práctica totalidad de los países europeos, el porcentaje de mujeres entre las personas con penas alternativas, era en España superior al porcentaje que representaban las mujeres en la población carcelaria.
En concreto, las mujeres eran un 13 % de todas las personas con medidas probatorias en el conjunto de España, cuando suponían el 7 % de los presos, y en Cataluña un 12 %, frente al 5,8 %.
El responsable del estudio atribuyó esas diferencias al hecho de que las mujeres, que de por sí cometen muchos menos delitos, suelen incurrir en infracciones diferentes, menos graves.
Además, la justicia es más proclive a atribuirles penas alternativas a la cárcel por el papel que tienen en sus familias y porque se considera que presentan menos riesgo de reincidencia. EFE
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