Suiza, en el punto de mira: la larga sombra de la esclavitud
¿Puede perseguirse judicialmente una injusticia histórica? La Fiscalía Federal debe examinar si los antiguos predecesores de los cantones de Zúrich, Berna y Soleura incurrieron en complicidad con la esclavitud.
Una denuncia penal contra Zúrich, Berna y Soleura lleva ante la justicia el papel de Suiza en el comercio de esclavos. En el centro de la acusación está la supuesta financiación, por parte de los antiguos predecesores de estos tres cantones, de un sistema basado en la trata de esclavos en el siglo XVIII.
La denuncia fue presentada a principios de septiembre por la abogada de San Galo Catherine Reiter en nombre del activista Shelley Moorhead. Se basa en un informe del historiador de San Galo Hans Fässler.
El historiador y activista político lleva años investigando los vínculos de Suiza con el colonialismo y la esclavitud. En su estudio analiza el papel que desempeñaron los actores estatales de la antigua Confederación Suiza en el sistema económico colonial.
Su tesis central es que las tres ciudades-Estado no fueron meras espectadoras de un sistema lejano. Por el contrario, se beneficiaron económicamente de estructuras coloniales vinculadas al comercio de esclavos y a las plantaciones.
Cómo se beneficiaron Berna, Zúrich y Soleura
Fässler aporta varios ejemplos en el caso de Zúrich. En el siglo XVIII, la ciudad invirtió en la británica South Sea Company, que participaba en el comercio transatlántico de esclavos.
Más tarde, el banco estatal Leu hizo negocios con la Corona danesa y concedió créditos a empresas y bancos vinculados a las plantaciones y al comercio de esclavos. Según la interpretación de Fässler, Zúrich participó así económicamente en las estructuras coloniales y obtuvo beneficios de ellas.
Berna ocupa también un lugar destacado en el informe. La ciudad-Estado invirtió importantes sumas en la South Sea Company ya en 1719 y mantuvo durante décadas deuda pública danesa.
Según Fässler, estas inversiones contribuyeron a financiar un Estado cuyas colonias en el Caribe se sustentaban en el trabajo de personas esclavizadas. Al mismo tiempo, las inversiones resultaron rentables y reportaron importantes ingresos al Estado de Berna.
En el caso de Soleura, el informe se centra sobre todo en sus participaciones en la Compañía del Misisipi francesa. Esta empresa formó parte de la expansión colonial francesa en Norteamérica y se apoyaba en el trabajo de personas esclavizadas.
Mercenarios suizos contra pueblos indígenas
Otro capítulo está dedicado al regimiento de infantería de marina Karrer, posteriormente Hallwyl. Este regimiento suizo estaba al servicio de Francia y estuvo destinado durante un tiempo en Norteamérica y el Caribe. Fässler sostiene que sus unidades fueron utilizadas contra poblaciones indígenas y participaron en la represión de levantamientos de personas esclavizadas.
Los cantones habrían tolerado estas operaciones, aunque en principio no estaban contempladas en los contratos de servicio militar de la época.
Fässler presta especial atención a lo que las élites políticas y económicas de la Suiza de entonces sabían sobre la esclavitud.
A partir de relatos de viajes, periódicos, obras científicas, correspondencia y biografías, concluye que los círculos cultos tenían conocimiento de la trata de esclavos, la economía de plantación y las condiciones de vida de las personas esclavizadas.
Las consecuencias llegan hasta hoy
Sin embargo, el centro de la denuncia penal no es tanto la cuestión histórica como la jurídica. Catherine Reiter sostiene que la esclavización de personas ya estaba prohibida en aquella época según los principios vigentes del derecho internacional.
La denuncia repasa la evolución de las críticas a la esclavitud entre los siglos XVI y XIX y concluye que dicha prohibición se había consolidado como norma consuetudinaria del derecho internacional, a más tardar durante el siglo XVIII.
A partir de ahí, la abogada formula una acusación de gran alcance: los crímenes contra la humanidad no prescriben. Por ello, la Fiscalía Federal debería examinar si las operaciones financieras de los tres cantones de entonces pueden considerarse complicidad con la esclavización. Según esta interpretación, los cantones actuales tendrían que responder legalmente por las actuaciones de sus antiguos predecesores.
Descendiente de personas esclavizadas
Shelley Moorhead desempeña un papel central en el caso. El activista, procedente de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, se identifica como descendiente de personas esclavizadas que vivieron en las entonces Indias Occidentales danesas.
A través de la organización African-Caribbean Reparations and Resettlement Alliance (ACRRA), lleva años trabajando por el reconocimiento de las consecuencias a largo plazo de la esclavitud y el colonialismo.
La denuncia sostiene que esas consecuencias siguen presentes hoy. Entre ellas menciona desventajas económicas y posibles traumas transgeneracionales.
«No es en absoluto una denuncia simbólica», afirma Reiter a petición de Swissinfo. El objetivo es investigar delitos concretos cometidos en perjuicio de su cliente. Eso incluye determinar posibles daños, identificar a otras víctimas y esclarecer la posible participación de otras personas.
Un importante obstáculo jurídico
La investigación académica reconoce hoy ampliamente que comerciantes, bancos, inversores y actores políticos suizos estuvieron vinculados a las estructuras económicas coloniales.
Lo que sigue siendo objeto de debate son las consecuencias políticas o jurídicas que deben extraerse de ello. El intento de que la esclavitud histórica sea examinada judicialmente como un crimen contra la humanidad que todavía puede perseguirse no tiene prácticamente precedentes en Suiza.
Uno de los principales obstáculos está en el propio derecho penal: por regla general, se persigue a personas, no a entidades políticas históricas. Los presuntos responsables murieron hace mucho tiempo.
La denuncia trata de sortear este problema responsabilizando a los cantones actuales como sucesores legales de sus predecesores históricos. Según argumenta, en sus inversiones los antiguos cantones actuaron como agentes económicos y, por tanto, podrían ser considerados responsables de forma similar a las empresas.
Reiter no se pronuncia sobre las posibilidades de que el procedimiento prospere. La valoración de la denuncia, afirma, corresponde a «las autoridades y los tribunales competentes».
La Fiscalía Federal debe decidir ahora, en primer lugar, si existe siquiera una sospecha inicial suficiente y si procede realizar nuevas investigaciones. La recepción de una denuncia penal no equivale a la apertura de un procedimiento penal, señala a petición de Swissinfo la portavoz Claudia Balzli.
Por el momento, la denuncia está siendo examinada «según el procedimiento habitual». Se comprobará si existe competencia federal y si hay indicios suficientes de delito.
Artículo editado por Balz Rigendinger y adaptado a español por Carla Wolff.
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Suiza y el colonialismo
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