Hong Kong dará poder al jefe del Ejecutivo para certificar casos de seguridad nacional
Hong Kong, 8 jun (EFE).- El Gobierno de Hong Kong presentó este lunes una nueva batería de normas subsidiarias para clasificar como asuntos de seguridad nacional los procedimientos penales que reciban el aval del jefe del Ejecutivo, un paso que refuerza el marco jurídico impuesto por Pekín en 2020.
La propuesta, remitida al Consejo Legislativo por las autoridades de seguridad y justicia, introduce un mecanismo de clasificación para los llamados “otros delitos que pongan en peligro la seguridad nacional”.
Según el texto, cualquier causa acompañada por un certificado del jefe del Ejecutivo que confirme su vínculo con esa materia quedará encuadrada dentro de esa categoría, al igual que los cargos alternativos que afronte un acusado dentro de un mismo procedimiento penal.
La iniciativa se tramitará mediante un procedimiento legislativo que permite la entrada en vigor inmediata de la norma tras su publicación oficial en el boletín, salvo objeción posterior del Legislativo.
El Ejecutivo no fijó calendario, pero dejó claro en sus documentos que considera urgente culminar el proceso ante un entorno internacional descrito como complejo.
La ley de seguridad nacional de Hong Kong entró en vigor en 2020 y fue impuesta por Pekín para castigar la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras, tras las multitudinarias protestas antigubernamentales en el territorio en 2019.
Desde entonces, las autoridades locales han ajustado sus reglas de aplicación.
Grupos de derechos humanos, observadores internacionales y medios de comunicación critican que la redacción de estas leyes seguía siendo deliberadamente vaga, otorgando a las autoridades un amplio margen para interpretar qué constituye una amenaza.
Según datos del propio Buró de Seguridad hasta mayo, las autoridades han detenido a 399 personas por supuestas actividades subversivas desde la imposición inicial de la ley y su posterior ampliación local mediante el Artículo 23.
La ronda anterior de modificaciones, publicada en marzo, estableció que quien se niegue a facilitar contraseñas de teléfonos móviles durante una investigación puede enfrentarse a hasta un año de cárcel y una multa de 100.000 dólares hongkoneses (unos 12.700 dólares estadounidenses).
Aquellas enmiendas también autorizaron a la policía a requerir información a organizaciones bajo sospecha de actuar como grupos políticos extranjeros, y otorgaron a aduanas capacidad para incautar material considerado sedicioso.
El Gobierno sostiene que este paquete reforzará la prevención, y recuerda que las modificaciones se apoyan en las atribuciones conferidas por la normativa al jefe del Ejecutivo, John Lee, y al Comité para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional.
En paralelo, un documento oficial reveló recientemente una nueva asignación extraordinaria de 5.000 millones de dólares hongkoneses (unos 638 millones de dólares estadounidenses) para gastos vinculados a este ámbito operativo.
Con ello, la dotación acumulada asciende a 18.000 millones de dólares hongkoneses (2.297 millones de dólares estadounidenses) en cinco años, tras inyecciones previas en 2021 y 2023. El Ejecutivo hongkonés se niega a detallar en qué se gasta este presupuesto paralelo. EFE
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