Hong Kong endurece su ley de seguridad y exige acceso a dispositivos en investigaciones
Hong Kong, 23 mar (EFE).- El Gobierno de Hong Kong endureció este lunes las reglas de aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que permiten sancionar a quienes se nieguen a facilitar contraseñas o métodos de descifrado de dispositivos electrónicos en investigaciones relacionadas con la seguridad del Estado.
La reforma, publicada este lunes en la gaceta oficial y vigente de inmediato, llega casi seis años después de que Pekín impusiera a la ciudad la citada ley en 2020 y coincide con el segundo aniversario de la entrada en vigor del Artículo 23, la normativa local de salvaguarda de la seguridad nacional.
Un portavoz del Ejecutivo señaló que estas enmiendas refuerzan la capacidad de ejecución, mejoran la prevención y la investigación de los casos y permiten mitigar «de forma más oportuna» posibles riesgos para la integridad nacional, en un entorno geopolítico «complejo y volátil».
Con las nuevas reglas, agentes de policía con orden de un magistrado, o mandos con rango igual o superior al de comisionado asistente, podrán exigir a una persona investigada que entregue cualquier contraseña o método de descifrado de equipos electrónicos, así como que proporcione «cualquier información o asistencia razonable y necesaria».
Cárcel y multas
Negarse a cumplir el requerimiento se castigará con hasta un año de prisión y una multa máxima de 100.000 dólares hongkoneses (unos 12.776 dólares estadounidenses) y aportar información falsa o engañosa podrá conllevar hasta tres años de cárcel y una multa de 500.000 dólares hongkoneses (63.880 dólares estadounidenses).
La norma precisa que el hecho de que la cooperación pueda incriminar al requerido, vulnerar una obligación de secreto o contravenir cualquier otra restricción a la divulgación de información no constituye excusa para el incumplimiento.
El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, y el Comité para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional aprobaron la modificación de las normas en uso de las facultades que les otorga la Ley, un trámite que no requiere votación ni aprobación previa del Legislativo.
Las enmiendas también habilitan a los funcionarios de aduanas a incautar artículos con «intención sediciosa», incluidos libros y publicaciones procedentes del extranjero.
Asimismo, se elevaron penas de infracciones ya existentes: las organizaciones políticas extranjeras o sus agentes que no entreguen información podrán enfrentar hasta un año de prisión, frente a los seis meses actuales, y quienes faciliten datos falsos o engañosos se exponen a hasta tres años, frente a dos. EFE
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