La CorteIDH condena a Perú por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand
San José, 5 mar (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este jueves a Perú por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand en 1997, en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar aplicado «bajo coerción», y además por la demora injustificada de la investigación de los hechos.
La CorteIDH notificó este jueves la sentencia en la que declaró al Estado peruano responsable de violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, vida privada, acceso a la información, a la familia, igualdad ante la ley y a la salud de Celia Edith Ramos Durand.
«Los hechos del caso ocurrieron en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) en Perú, que impulsaba la anticoncepción quirúrgica voluntaria, pero derivó en más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido, afectando principalmente a mujeres indígenas y en condición de pobreza o pobreza extrema», explicó la CorteIDH.
La CorteIDH determinó que Celia Edith Ramos Durand, a sus 34 años de edad «fue presionada por personal de salud para someterse a una ligadura de trompas» el 3 de julio de 1997 en un establecimiento acondicionado provisionalmente como sala de operaciones y que «no contaba con los equipos ni medicamentos necesarios para una adecuada evaluación de riesgos ni para enfrentar emergencias».
«Durante la intervención la señora Ramos Durand presentó una reacción alérgica severa. Fue trasladada a una sala de recuperación con recursos limitados y, aproximadamente 30 minutos después, a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Miguel de Piura, donde estuvo hospitalizada 19 días hasta su fallecimiento el 22 de julio», detalló el tribunal internacional.
La familia de la mujer no recibió información clara sobre las complicaciones, no se realizó una necropsia y el Estado asumió los gastos médicos y funerarios, explicó la Corte.
El esposo de la víctima denunció al personal médico por lesiones graves seguidas de muerte, pero la Fiscalía archivó el caso al considerarlo un hecho fortuito y por una conciliación extrajudicial.
«Como consecuencia de varias denuncias, en 2002 inició un proceso contra los responsables del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en el que se incluye el caso de la señora Ramos Durand. Este proceso, que ha sido archivado en distintas oportunidades, continúa abierto», detalló la CortreIDH.
Una política de Estado aplicada bajo coerción
En su sentencia, el tribunal internacional concluyó que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar «fue una política estatal dirigida a promover la esterilización masiva, enfocado principalmente en mujeres en situación de vulnerabilidad».
«Esta política se implementó mediante coerción y amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían incentivos por captar mujeres, quienes eran presionadas para someterse a procedimientos de anticoncepción definitiva a cambio de beneficios o mediante el uso de información sobre presuntos riesgos a la salud que no estaban acreditados», aseguró la CorteIDH.
Los jueces interamericanos también dieron por constatado que esta política fue organizada y dirigida desde los más altos niveles del Estado y que se dirigió principalmente a mujeres rurales, indígenas, con bajos niveles de instrucción, con la premisa de limitar la elección de concebir con base en criterios socioeconómicos.
La CorteIDH encontró que «el caso de Celia Edith Ramos Durand debe ser considerado en el marco de ese contexto. De modo que, las circunstancias del procedimiento de esterilización no fueron un caso aislado, sino parte de una política estatal».
Los jueces ordenaron al Estado avanzar en la investigación de la muerte de Ramos y sancionar a los responsables, aprobar un instrumento normativo sobre la obtención de consentimiento informado en materia de salud sexual y reproductiva, diseñar e implementar una política pública sobre la materia y otra para la reparación de víctimas de esterilización forzada. EFE
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