La Eurocámara valida que toda la UE armonice horquillas penales para delitos de corrupción
Bruselas, 26 mar (EFE).- El Parlamento Europeo dio este jueves la luz verde final a la nueva directiva europea para luchar contra la corrupción, que busca igualar definiciones y penas mínimas para este tipo de delitos en todos los países comunitarios y deja fuera un intento del PP y Vox para impedir que los gobiernos puedan conceder indultos o amnistías a delitos de malversación.
Por 581 votos a favor, 21 en contra y 42 abstenciones, los eurodiputados aprobaron la forma final de la legislación negociada a finales de 2025 entre las instituciones europeas, casi tres años después de la propuesta inicial de la Comisión en mayo de 2023.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, celebró en rueda de prensa que la nueva directiva permitirá colmar las lagunas y diferencias entre los Estados miembros a la hora de penalizar la corrupción, que los criminales «podían explotar» para persistir en estos delitos.
«El mensaje de hoy no puede ser más claro: la corrupción no tiene hueco en nuestra Europa y seguiremos luchando contra ella», añadió.
El texto prevé, por ejemplo, que los delitos de malversación en toda la Unión Europea (UE) sean castigados con una pena máxima de al menos cuatro años de prisión, al mismo nivel que lo que prevé el Código Penal español para ciertos tipos de malversación tras la reforma de 2023 con un acuerdo entre el PSOE y ERC.
También incluye definiciones comunes y penas máximas armonizadas entre al menos tres y cinco años para los delitos de cohecho en los sectores público y privado, apropiación indebida, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, enriquecimiento con delitos de corrupción, encubrimiento y ciertas violaciones graves del ejercicio ilegal de la función pública.
La negociadora jefa por parte del Parlamento Europeo, la liberal neerlandesa Raquel García Hermida, apuntó a que la corrupción cuesta a los contribuyentes al menos 120.000 millones de euros al año según las estimaciones más conservadoras y apuntó a que estos delitos «no entienden de fronteras o de diferencias en provisiones legales».
«¿Queríamos más? Claro, no es un secreto que las negociaciones con el Consejo no han sido nada fáciles. Nuestro trabajo no está acabado y no estará acabado hasta dentro de mucho tiempo. Esta directiva es el comienzo», defendió la neerlandesa de origen español.
Para García Hermida, una de las grandes victorias de la directiva es ampliar los plazos antes de que prescriban este tipo de delitos, ya que durante la negociación identificaron estos tiempos limitados como uno de los grandes obstáculos para que la judicatura investigue la corrupción de forma efectiva.
En el equipo negociador del Parlamento Europeo estaba también el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que tildó la directiva resultante de «un lavado y blanqueo de la corrupción política en países como España», además de «un gravísimo error político y un desastre técnico».
En un comunicado, Buxadé confirmó que los seis eurodiputados de Vox han votado en contra (los únicos españoles en hacerlo)y criticó que la enmienda impulsada por el PP y Vox en fases previas de la negociación para impedir que los Estados miembros puedan conceder indultos o amnistías por delitos de malversación se haya quedado, en su opinión, en «una mera obligación estadística sin consecuencia práctica».
Pese a ello, buena parte del grupo al que pertenecen, los Patriotas por Europa, ha votado a favor de la directiva junto a populares, socialdemócratas, liberales, verdes, izquierda y la mayoría de los ultraconservadores. EFE
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