Los llamados a proteger a la población se multiplican ante inminencia de asalto a Mekele en Etiopía
Los llamados a negociar y a proteger a la población civil de Tigré se multiplicaron el martes, ante la expiración del ultimátum que dio el primer ministro etíope Abiy Ahmed a los dirigentes de esta región disidente para que depongan las armas.
La «operación militar» que emprendió el 4 de noviembre el poder federal etíope contra las autoridades de Tigré del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (TPLF) ha entrado en una fase decisiva, según el gobierno en Adís Abeba.
El poder federal asegura que lanzará la batalla de Mekele, la capital de la región, para expulsar a los dirigentes del TPLF y remplazarlos por una nueva administración.
El domingo por la noche, Abiy les dio un ultimátum de 72 horas para que depongan las armas. Pero el presidente de Tigré y jefe del TPLF, Debretsion Gebremichael, respondió: «Somos un pueblo de principios y estamos dispuestos a morir».
La perspectiva de un asalto contra Mekele, que tiene 500.000 habitantes y un número indeterminado de desplazados que se han refugiado ahí desde el inicio del conflicto, preocupa a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos.
«Mientras las tropas federales etíopes se preparan para asediar Mekele, Amnistía Internacional recuerda a todas las partes que atacar deliberadamente a civiles (…) está prohibido por el derecho humanitario internacional y constituye un crimen de guerra», afirmó Deprose Muchena, responsable en África del Este y Austral de esta ONG.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se alarmó el martes de «la retórica altamente agresiva» de los dos bandos, temiendo que «desemboque en nuevas violaciones del derecho humanitario internacional».
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU instó a los bandos a que permitan que los civiles que buscan ayuda humanitaria puedan cruzar las fronteras nacionales e internacionales.
– 40.000 refugiados –
En la ONU, europeos y africanos mostraron sus divisiones. La primera reunión del Consejo de Seguridad sobre el conflicto, organizada el martes a iniciativa de Sudáfrica, que preside actualmente la Unión Africana (UA), fue cancelada en un primer momento a petición de los países africanos, para dar más tiempo a la mediación.
Pero miembros europeos del Consejo –Bélgica, Alemania, Francia, Estonia, Reino Unido–, apoyados por Estados Unidos, anunciaron finalmente que la reunión se celebraría.
«Los europeos manifestaron su preocupación, condenaron la violencia de carácter étnico y pidieron la protección de civiles», dijo un diplomático europeo.
La UA, cuya sede se halla en la capital etíope, nombró a varios enviados especiales, esencialmente expresidentes africanos, para llevar a cabo una mediación.
El portavoz de la célula de crisis gubernamental para el Tigré, Redwan Hussein, reiteró el lunes el rechazo del gobierno federal a abrir negociaciones. El gobierno solo «hablará con estos enviados (…) por respeto a los dirigentes africanos», dijo.
Por su parte, Estados Unidos y Francia dijeron apoyar los esfuerzos de la UA.
Interrogado sobre las dudas que parecen reinar en el Consejo de Seguridad sobre el conflicto del Tigré, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, sostuvo que la UA está en la primera línea de los esfuerzos internacionales y que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, apoya esta propuesta.
Un nuevo comunicado de Guterres subraya su preocupación ante una posible ofensiva militar en la capital regional de Mekele.
El secretario general «exhorta a los dirigentes de Etiopía a que hagan todo lo posible para proteger a los civiles, respetar los derechos humanos y asegurar el acceso humanitario» a las poblaciones, dice el comunicado.
– «Masacre espantosa» –
El conflicto ha llevado a más de 40.000 etíopes del Tigré a refugiarse en Sudán y ha provocado importantes desplazamientos internos en la región, aunque se desconoce la magnitud exacta, ya que es difícil verificar la situación en el terreno por fuentes independientes pues el Tigré está prácticamente cortado del mundo desde el inicio del conflicto.
Tampoco hay un balance preciso de los combates, en los que han muerto centenares de personas.
El martes, la Comisión de Derechos Humanos etíope (EHRC), independiente pero cuyo director es nombrado por el gobierno, acusó a una milicia informal de jóvenes de Tigré, así como a las fuerzas de seguridad locales, de la muerte de al menos 600 personas el 9 de noviembre en la localidad de Mai Kadra.
Amnistía Internacional informó que «probablemente centenares» de civiles murieron apuñalados o a hachazos el 9 de noviembre en Mai Kadra. Sin referirse a los autores de la «masacre» la ONG citó testimonios que atribuyeron la matanza a fuerzas pro-TPLF.
Sin embargo, habitantes de la localidad que huyeron a Sudán acusan a las fuerzas gubernamentales de perpetrar atrocidades.
Las tensiones entre Adís Abeba y el TPLF, que ha controlado durante casi tres décadas el poder en Etiopía, culminaron con la organización en septiembre de unos comicios en el Tigré que el gobierno federal calificó de «ilegítimo».
