Suiza afronta el reto de combatir la ciberdelincuencia sin poner en riesgo la privacidad

Suiza ha logrado hacerse con una posición destacada en una industria mundial que desarrolla herramientas de cifrado para internet, gracias a las cuales sus clientes pueden mantener su actividad a salvo de las miradas indiscretas tanto de posibles atacantes como de las autoridades. Keystone

Las empresas suizas han convertido al país en un referente mundial de los servicios de internet que ofrecen privacidad y seguridad. Pero el fuerte aumento de la ciberdelincuencia obliga a Suiza a buscar un equilibrio entre los beneficios económicos de esta creciente industria tecnológica y la necesidad de detectar posibles ataques de delincuentes, Estados hostiles y grupos terroristas.

La tradición suiza de guardar secretos no se limita a las cuentas bancarias de las grandes fortunas.

Este país de nueve millones de habitantes ha logrado hacerse un hueco importante en una industria mundial que desarrolla herramientas de cifrado para internet. ¿Qué significa eso?

Estas herramientas permiten a sus clientes mantener sus actividades a salvo de miradas indiscretas, tanto de posibles atacantes como de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Muchas empresas han utilizado la reputación de Suiza como país que protege la privacidad, consagrada en la Constitución, como argumento comercial. Proton AG, una empresa de servicios con sede en Ginebra, destaca que sus productos están «respaldados por las leyes suizas de protección de la privacidad». Su oferta incluye correo electrónico y almacenamiento en la nube cifrados, así como servicios de inteligencia artificial.

Sin embargo, más de una década después de su fundación, Proton es una de las muchas empresas que se oponen a los cambios legislativos propuestos recientemente porque, según advierten, podrían dañar la confianza y los beneficios económicos que genera esta industria. Proton afirma que ha paralizado sus planes para ampliar sus infraestructuras en Suiza.

En 2025, Suiza propuso revisar la Ordenanza sobre la Vigilancia del Tráfico Postal y de Telecomunicaciones para aclarar las obligaciones de los proveedores de servicios de internet en las investigaciones penales. Las grandes plataformas tendrían que cumplir requisitos de conservación de datos y cooperación similares a los de los operadores tradicionales de telecomunicaciones.

«No se trata solo de si Suiza va a debilitar sus propias barreras de protección de la privacidad», declaró a Swissinfo el director de operaciones de Proton, Raphael Auphan. «También está en juego si Suiza perderá las empresas digitales que han crecido y prosperado aquí y que llevan los valores suizos de protección de la privacidad al resto del mundo».

Auphan tiene un claro interés empresarial en este debate, pero Suiza debe encontrar un equilibrio entre voces como la suya y su tradición de proteger la privacidad, por un lado, y las crecientes capacidades tecnológicas y los riesgos que pueden suponer para delincuentes y potencias hostiles, por otro. Es un dilema al que también se enfrentan las democracias liberales de todo el mundo. La Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido están adaptando sus normas a las nuevas amenazas.

El número de ciberdelitos denunciados por la policía suiza casi se triplicó en cinco años, hasta alcanzar unos 65.000 en 2025, según datos del Centro Nacional de CiberseguridadEnlace externo. Ante este fuerte aumento, el Gobierno está revisando la regulación de las comunicaciones digitales.

Interés público frente a intereses empresariales privados

Sin embargo, eso podría obligar a algunos proveedores a recopilar más datos de sus clientes y facilitar a las autoridades las investigaciones penales. Al mismo tiempo, el país no puede ignorar las preocupaciones de empresas como Proton, que se ha convertido en la mayor compañía europea especializada en tecnologías de protección de la privacidad, con más de 100 millones de personas usuarias en todo el mundoEnlace externo.

La oposición de las empresas y sus amenazas de trasladar parte de sus operaciones pueden responder tanto a preocupaciones de interés público como a intereses comerciales, declaró a Swissinfo Christopher KunerEnlace externo, profesor afiliado de Derecho de la Protección de Datos y la Privacidad en la Universidad de Copenhague. Al mismo tiempo, el aumento de los datos digitales plantea nuevos retos para las autoridades.

«Hay muchos factores detrás de todo esto […] entre ellos, la preocupación por las agresiones de Rusia y otros actores estatales, la creciente amenaza para la ciberseguridad y la desafortunada idea de que la privacidad es, hasta cierto punto, prescindible», señaló Kuner, que trabaja en el desarrollo y la investigación sobre protección de datos a escala mundial desde la década de 1990.

La tecnología suiza pisa fuerte

Aunque las empresas del sector de las tecnologías de protección de la privacidadEnlace externo están repartidas por todo el mundo, desde Estados Unidos y Reino Unido hasta Alemania e incluso China, varias ventajas han permitido a la pequeña Suiza tener un peso mucho mayor del que cabría esperar por su tamaño.

En el centro de todo ello se encuentra el artículo 13 de la Constitución Federal, que consagra el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales. Eso proporciona a particulares, empresas y otras entidades una sólida base jurídica para impugnar la vigilancia estatal. En Estados Unidos, en cambio, la protección de la privacidad no está recogida de forma explícita en la Constitución, sino que se deriva de la interpretación de disposiciones que, en muchos casos, se refieren a otros ámbitos y aparecen en distintas enmiendas.

Más allá de la Constitución, la larga tradición de secretismo de Suiza refuerza su atractivo para quienes buscan anonimato. Aunque el país ha aumentado la transparencia bancaria para adaptarse a las normas internacionales, después de las acusaciones de que sus bancos ocultaban dinero de origen ilícito, su reputación perdura y ayuda a las empresas a generar confianza entre usuarios de todo el mundo.

A ello se suma una política de neutralidad con siglos de historia y la decisión de mantenerse al margen de alianzas de intercambio de información como los grupos Five Eyes, Nine Eyes y Fourteen Eyes, liderados por Estados Unidos. Todo ello ha contribuido a reforzar la imagen de Suiza como una jurisdicción independiente y protegida frente al espionaje.

De hecho, Auphan, de Proton, sitúa el auge de Suiza como centro de referencia de la privacidad en las revelaciones de Edward Snowden, un antiguo contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), sobre la vigilancia masiva llevada a cabo por los servicios de inteligencia estadounidenses en 2013. Aquellas revelaciones provocaron un fuerte aumento de la demanda de correo electrónico cifrado, redes privadas virtuales (VPN) que ocultan la ubicación y la identidad de quienes navegan por internet y otras herramientas para proteger las comunicaciones y los datos.

Desde entonces, empresas suizas como Proton, Threema y Nym han sabido aprovechar la preocupación por la privacidad digital. Su rápido crecimiento ha reforzado la posición de Suiza en este sector.

Muchas de estas empresas destacan específicamente su sede jurídica en Suiza como argumento comercial. Es el caso de Tresorit, una empresa de almacenamiento en la nube y colaboración con cifrado, que señala que no está sujeta a una ley estadounidense de 2018 que permite a las autoridades, mediante una orden judicial, obligar a empresas estadounidenses a entregar datos almacenados en servidores, aunque estos se encuentren en el extranjero. La empresa de servicios informáticos Infomaniak se presenta como proveedor de una «nube soberana suiza».

«Para las empresas centradas en la privacidad, la verdadera diferencia suele estar en los valores arraigados de Suiza: estabilidad jurídica, procedimientos eficientes y previsibles, respeto de los límites legales y una cultura de prudencia a la hora de gestionar información sensible», señaló Sylvain Métille, profesor asociado de la Universidad de Lausana especializado en protección de datos, derecho digital, ciberseguridad y vigilancia estatal. A su juicio, estos factores son más importantes que las pequeñas diferencias que pueda haber entre las respectivas legislaciones.

La privacidad, bajo presión

Los esfuerzos de las autoridades reguladoras por mantenerse al día con los avances tecnológicos comenzaron poco después del despegue de la industria suiza de la privacidad, hace una década. En un contexto de mayor vigilancia en países como AlemaniaEnlace externo y FranciaEnlace externo, Suiza aprobó en 2016 la revisión de la Ley Federal sobre la Vigilancia del Tráfico Postal y de Telecomunicaciones y de la Ley del Servicio de Inteligencia. Estas modificaciones ampliaron la recopilación de datos para obtener pruebas en investigaciones penales y casos relacionados con la seguridad nacional.

Sin embargo, la falta de claridad sobre si estas normas se aplicaban en la misma medida a las empresas tecnológicas que a los operadores tradicionales de telecomunicaciones dio lugar a años de disputas, entre ellas la que enfrentó a las autoridades con Threema. Proton quedó exenta porque no se la consideraba un proveedor importante de telecomunicaciones y porque el 95% de usuarios de Proton Mail se encontraban fuera de Suiza, según Auphan.

Las leyes concebidas en una época anterior parecen «obsoletas»Enlace externo a la luz de la evolución tecnológica, escribió Monika Simmler, profesora de Derecho Penal y de Vigilancia en la Universidad de San Galo.

Mientras tanto, las solicitudes de información por parte de la policía y otros organismos aumentan rápidamente. Las peticiones de datos al Servicio de Vigilancia del Tráfico Postal y de Telecomunicaciones aumentaron más de un 30% en 2025Enlace externo.

El año pasado, el Gobierno suizo propuso modificar la Ordenanza sobre la Vigilancia del Tráfico Postal y de Telecomunicaciones para aclarar las obligaciones de los proveedores de servicios de internet. Según el proyecto, estos estarían sujetos a requisitos cada vez más estrictos de conservación de datos y cooperación con las autoridades, en función de su tamaño. Las empresas con más de un millón de personas usuarias o que generen más de 100 millones de francos suizos de ingresos en Suiza durante dos años consecutivos tendrían que cumplir normas similares a las de los operadores tradicionales de telecomunicaciones.

Las empresas tecnológicas reaccionan

El proyecto provocó una fuerte reacción entre empresas tecnológicas y organizaciones defensoras de los derechos digitales. El debate en el Parlamento suizo puso de manifiesto la tensión entre preservar el ecosistema de empresas de tecnología centradas en la privacidad y ampliar las herramientas de investigación para reforzar la seguridad pública.

La senadora suiza Johanna Gapany advirtióEnlace externo de que «si queremos mantener nuestra autonomía e independencia en el desarrollo digital y la inteligencia artificial, necesitamos claramente que estas empresas de tecnología de protección de la privacidad permanezcan en Suiza».

Por otro lado, el ministro suizo de Justicia, Beat Jans, defendióEnlace externo que las autoridades deben poder obtener y rastrear legalmente datos de comunicaciones cuando investigan casos de terrorismo y delincuencia organizada grave. Subrayó que «eso no supondría una operación de vigilancia estatal a gran escala».

Según el profesor Métille, existe un interés público legítimo en recopilar determinados tipos de datos, especialmente en casos graves de delincuencia y de seguridad nacional. Sin embargo, los avances tecnológicos no deberían servir de pretexto para aumentar la vigilancia. Los Gobiernos deben explicar la finalidad y la base jurídica de las medidas de vigilancia y someterlas al escrutinio de organismos independientes con capacidad para evitar posibles abusos.

Competencia de otras jurisdicciones

Proton está diversificando su presencia y sus infraestructuras en varios países europeos, en lugar de depender únicamente de Suiza, para reducir lo que considera un riesgo para su negocio.

Algunos países están tratando de convertirse en jurisdicciones más favorables a la privacidad.

Islandia ha adoptado el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE pese a no formar parte del bloque, y ha reforzado su soberanía sobre los datos e invertido en infraestructuras de ciberseguridad. En mayo, PrivadoVPN trasladóEnlace externo allí su sede jurídica desde Suiza debido a los requisitos menos estrictos que existen en Islandia para que las VPN registren los datos de sus clientes.

Por su parte, Estonia ha desarrollado un sistema de identidad digital y una plataforma segura para el intercambio de datos. Sobre esta base han surgido empresas de seguridad y autenticación como Guardtime, Cybernetica y Veriff, que han contribuido a consolidar al país como un importante centro tecnológico.

Esta competencia aumenta la presión sobre las autoridades suizas para encontrar el equilibrio adecuado.

«El reto es mantener a Suiza como una jurisdicción de referencia y fiable para los servicios digitales y la innovación», señaló Métille, «sin convertirla en un refugio para actividades claramente ilegales».

Artículo editado por Tony Barrett y adaptado al español por Carla Wolff.