Más de 11.700 hondureños denunciaron violaciones a sus derechos en 2024, 10 % más que 2023

Tegucigalpa, 24 jun (EFE).- Al menos 11.738 personas denunciaron ser víctimas de violaciones a los derechos humanos en Honduras en 2024, lo que representa un aumento del 10 % en comparación con las 10.608 quejas registradas en 2023, informó este martes el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

Las denuncias reflejan «falencias cruciales» del Estado hondureño en la protección y garantía de derechos fundamentales, especialmente en materia de derecho a la vida, integridad personal, acceso a la justicia y debido proceso, enfatizó el organismo.

Una de las situaciones más graves destacadas en el documento es el asesinato del defensor de la tierra y delegado pastoral Juan López, ocurrido en septiembre de 2024, a pesar de que contaba con medidas cautelares otorgadas tanto por instancias nacionales como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Conadeh calificó el caso como resultado de la «falta de diligencia y una grave desatención estatal en la adopción de las medidas de protección» a pesar de que López debía ser beneficiario directo de las mismas.

El ambientalista también era concejal de la Alcaldía de Tocoa y estaba ligado a la pastoral católica. Se oponía al cuestionado proyecto minero-energético Pinares Ecotek aduciendo que está situado en una zona protegida y afectará los ríos Guapinol y San Pedro.

Condiciones adversas para defensores de derechos

El informe advierte que Honduras sigue siendo un «espacio poco propicio» para defensores de derechos humanos, a pesar de la existencia de un mecanismo de protección que aún enfrenta graves deficiencias en su eficacia y alcance.

Durante 2024, el Conadeh atendió 460 quejas de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadoras de justicia, comunicadores y campesinos, así como 67 incidentes registrados a nivel nacional en su perjuicio.

Las mujeres fueron el grupo que más denuncias presentó, con 3.072 quejas (26,17 % del total), relacionadas principalmente con el acceso a la justicia y debido proceso, amenazas de muerte, hostigamiento físico, psicológico y sexual, abuso de autoridad, y desplazamiento forzado.

«Las mujeres y niñas en Honduras continúan siendo víctimas de múltiples formas de violencia, discriminación y restricciones sistemáticas a sus derechos sexuales y reproductivos, lo que socava gravemente su autonomía, salud y dignidad», señaló el organismo hondureño.

Los pueblos indígenas y afrodescendientes también figuran entre las poblaciones más vulnerables, al enfrentar patrones reiterados de despojo territorial, ausencia de consulta previa y criminalización por su labor de defensa de derechos colectivos, añadió.

En cuanto a los campesinos, el Conadeh identifica «serias barreras» para acceder y mantener la tenencia de la tierra, situación que se agrava por la falta de acciones del Estado para resolver procesos de titulación y clarificación de tierras.

La población LGTBI enfrenta, según el informe, una «exclusión estructural» traducida en «altos niveles de violencia, discriminación y negación de reconocimiento legal», lo que «limita gravemente su acceso a derechos fundamentales y los expone a un riesgo constante».

Graves violaciones en el sistema penitenciario y persistencia de la corrupción

El informe también cuestiona las condiciones de hacinamiento, traslados arbitrarios y reclusión inhumana que enfrentan las personas privadas de libertad, calificando estas situaciones como violaciones graves a los derechos humanos y contrarias al derecho internacional.

Además, advierte sobre el uso del encierro como castigo desproporcionado, sin control judicial, en el marco de una política penitenciaria punitiva y al margen de los principios legales.

En relación con la corrupción, el Conadeh concluye que este flagelo impactó «significativamente» en las condiciones de vida de la población, debilitando las instituciones democráticas, fomentando la impunidad y perpetuando la pobreza y la exclusión.

Ante la incapacidad del Estado para combatir «la arraigada corrupción», el informe recomienda la adopción de mecanismos independientes, nacionales e internacionales, con mandato amplio, para hacer frente a la impunidad. EFE

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