Ordenan la detención de un exfuncionario por el escándalo de becas estudiantiles en Panamá

Ciudad de Panamá, 8 jul (EFE).- Un tribunal de justicia ordenó este martes la detención provisional de Bernardo Meneses, exdirector del ente público de Panamá que otorga becas y ayudas estudiantiles, a quien se le imputaron además cargos por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

La medida de detención provisional fue determinada hoy por una jueza de garantías en una primera audiencia por enriquecimiento injustificado seguida a Meneses, a quien se le investiga también por los delitos de peculado de uso, malversación de fondos públicos, extralimitación de funciones y blanqueo de capitales, según informa la prensa local.

La fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa dijo este martes a los periodistas que en este acto judicial, a Meneses «se le imputaron los cargos por el delito correspondiente y se le aplicó la medida cautelar de detención provisional».

Meneses fue arrestado este lunes en su residencia por la Policía Nacional (PN) y conducido a una sede policial, como mostraron las imágenes de la televisión local, luego de que así lo ordenara la Fiscalía Anticorrupción, para ser presentado hoy ante un Tribunal de Garantías.

El fiscal general, Luis Carlos Gómez, dijo ayer a los periodistas que Meneses enfrenta cuatro investigaciones vinculadas a su gestión como director del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), durante la cual estalló el escándalo de los «auxilios económicos» otorgados a familiares de funcionarios y amigos del poder.

Meneses, quien se postuló sin éxito a diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las pasadas elecciones generales de mayo de 2024, fue director del Ifarhu unos cuatro años durante la Administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), del PRD.

En el período de Cortizo el Ifarhu entregó unos 260,5 millones de dólares a través de 9.237 «auxilios económicos», es decir, fondos no reembolsables, uno de los tantos programas que maneja ese ente público, según la información disponible.

El caso de enriquecimiento injustificado fue presentado en junio pasado por la Contraloría General, tras una auditoría que documenta un aumento patrimonial superior a los 400.000 dólares que Meneses no ha podido justificar razonablemente.

La fiscal anticorrupción detalló que dentro de la carpeta de investigación «existe cierta trazabilidad en cuanto a depósitos y transferencias (bancarias) entre algunos de los beneficiarios de los auxilios económicos», sobre las cuales, indicó, una entidad bancaria «hizo los reportes pertinentes y producto de ello se cerraron las cuentas».

En cuanto a la razón por la que la fiscalía solicitó la medida de detención provisional, la representante del Ministerio Público (MP) dijo que tras analizar los riesgos de otras medidas cautelares posibles se determinó que «era necesario para evitar que hubiese alguna destrucción de pruebas (o manipulación de evidencias) dentro de la investigación».

El escándalo de los «auxilios económicos» estudiantiles estalló a inicios de 2024, tras años de denuncias públicas y de que el rotativo La Prensa publicara una base de datos con una parte de los beneficiarios, entre ellos hijos y otros familiares de entonces ministros, diputados – hasta una sobrina de Cortizo – y de poderosos empresarios nacionales.

Lo expuesto en la lista son los beneficiarios y los montos, algunos de hasta 200.000 dólares, repartidos entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023, según la base de datos publicada en abril de 2024 por La Prensa, una información que el Ifarhu se negó a difundir y que la Contraloría General entonces encabezada por Gerardo Solís declaró como «reservada», como destacó entonces el rotativo.

El diario identificó 2.144 beneficiarios que recibieron en total 141,6 millones de dólares, aclarando que había «otros 2.759 desembolsos cuyo beneficiario se mantiene en secreto». EFE

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