Organismos piden al Estado de Nicaragua responder por la salud crítica de líder indígena
San José, 28 may (EFE).- Al menos cinco organismos humanitarios, entre ellos Amnistía Internacional (AI) y Raza e Igualdad, pidieron este jueves al Estado de Nicaragua responder por la salud crítica del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera Bryan, quien permanece encarcelado desde hace casi tres años y ahora está internado en estado delicado en un hospital de Managua.
«Queremos expresar nuestra más profunda preocupación por la situación del dirigente indígena Brooklyn Rivera, detenido desde septiembre de 2023 y mantenido más de 970 días en desaparición forzada», indicaron esos organismos en una declaración conjunta leída de forma telemática por la socióloga nicaragüense Claudia Pineda, directora de la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua.
«Su reaparición en un estado de salud gravísimo no es solo un hecho aislado ni accidental, es la consecuencia directa de decisiones y omisiones del Estado de Nicaragua que tenía la obligación absoluta de proteger su vida e integridad», argumentaron.
Esos organismos advirtieron que la desaparición forzada es una de las violaciones más graves del derecho internacional, y cuando un Estado detiene a una persona, asume un deber reforzado de cuidado.
Sin embargo, señalaron que cuando ese mismo Estado oculta su paradero, niega información a su familia, impide el acceso a su defensa y además no garantiza la atención médica adecuada, está incumpliendo de manera deliberada sus obligaciones más esenciales, anotaron.
«Y cuando estas prácticas se aplican de forma sistemática contra opositores, líderes, líderes comunitarios y voces críticas, se configuran en crímenes de lesa humanidad», sostuvieron.
Por tanto, para esos organismos el deterioro extremo de salud del líder indígena es responsabilidad del Estado de Nicaragua.
«Las enfermedades que hoy lo ponen en riesgo (a Rivera) pudieron y debieron ser tratadas. La falta de atención médica, la incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención no son errores administrativos. Son parte de un patrón de represión que afecta a decenas de personas que continúan desaparecidas bajo custodia del Estado», denunciaron.
Esos organismos, entre ellos el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas de Nicaragua, expresaron su solidaridad con la familia de Rivera, «con las comunidades indígenas que hoy reclaman justicia y con la familia de todas las personas detenidas por motivos políticos que siguen sin información sobre sus seres queridos».
Observaron que el sufrimiento de las familias también es responsabilidad del Estado, que ha impuesto el silencio, la incertidumbre y el miedo como herramientas de control.
«Lo ocurrido con Rivera es un recordatorio urgente de que la comunidad internacional debe mantener la atención sobre Nicaragua y exigir el respeto de las obligaciones básicas en materia de derechos humanos», concluyeron. EFE
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