«La destrucción desmesurada se extiende sin control»
La ayuda humanitaria de emergencia se encuentra en una situación crítica: faltan fondos, apoyo y respeto por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). La presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, explica por qué, a la hora de proteger a la población civil en Gaza o en Ucrania, lo que más falta hace es voluntad política.
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«La destrucción desmesurada se extiende sin control»
SRF: Durante la semana de la cumbre de la ONU en Nueva York, usted se ha comprometido intensamente con el Derecho Internacional Humanitario y la ayuda humanitaria. ¿Son conscientes los jefes de Estado y de Gobierno de todo lo que está mal en ese ámbito?
Mirjana Spoljaric: Está claro que se han dado cuenta. La cuestión ahora es qué consecuencias tendrá eso. Tenemos que dar un paso más y pasar a la acción. En cuanto se aborda el tema del Derecho Internacional Humanitario, queda claro que los países deben adaptar sus estrategias militares para que la situación sobre el terreno mejore. Entonces el diálogo se complica, porque se trata de un tema altamente político. La empatía o la solidaridad lo tienen entonces difícil.
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¿A algunos actores clave en las guerras actuales —por ejemplo, en Ucrania o en Gaza— no les importan en absoluto principios como la protección de la población civil?
En Gaza, por ejemplo, hoy en día todo el círculo de representantes de Estado saben lo grave que es la situación. Lo que falta es la voluntad política para mejorar realmente la situación. No basta con la ayuda alimentaria. Ahora se trata de maquinaria o incluso de productos de doble uso, cuya importación está prohibida. Es necesario ejercer presión sobre los Estados influyentes, concretamente EE. UU. e Israel, para que se levanten dichas sanciones.
El término «productos de doble uso»
El término significa «doble uso». Los productos de doble uso son aquellos que, en un principio, se desarrollaron principalmente para la vida cotidiana civil o para la industria, pero que, en teoría, también pueden utilizarse indebidamente con fines militares, como la fabricación de armas o sistemas de vigilancia.
Dado que estos productos pueden suponer un riesgo para la seguridad, están sujetos a un estricto control estatal. Quien desee exportarlos al extranjero necesita una autorización oficial para ello.
¿Siguen los gobiernos de los países influyentes respaldando los Convenios de Ginebra?
Nuestra iniciativa global para promover el Derecho Internacional Humanitario cuenta con el respaldo de 118 Estados. En una cumbre que se celebrará en Jordania en diciembre, se pretende convertir el derecho internacional humanitario en una prioridad política. Varios jefes de Estado han confirmado que viajarán a Jordania.
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¿Dónde observa usted el incumplimiento más grave?
La interpretación excesivamente flexible —por así decirlo— del DIH y la destrucción desmesurada están a la orden del día. Lo vemos hoy en día en todos los conflictos. Con millones de personas desplazadas y decenas de miles de muertes. Muy a menudo son el resultado de violaciones al derecho internacional humanitario.
También los avances en los sistemas de armamento infringen los Convenios de Ginebra: el resurgimiento de las bombas atómicas, los nuevos sistemas de armas autónomos. ¿Qué se puede hacer al respecto?
El secretario general de la ONU, António Guterres, y yo acabamos de reiterar un llamamiento para frenar los sistemas de armas autónomos. Deben prohibirse los sistemas de armas que deciden sobre la vida y la muerte sin una orden humana. Un número cada vez mayor de Estados está seriamente preocupado por cómo será el futuro de la guerra si se da rienda suelta a la inteligencia artificial.
Nos encaminamos hacia un mundo en el que ya no rige el principio de «el derecho por encima del poder», sino «el poder por encima del derecho», es decir, la ley del más fuerte. ¿Qué consecuencias tiene esto para la ayuda humanitaria?
El principio de «el poder por encima del derecho» socava el desarrollo económico, las inversiones en capital humano y el progreso social. Solamente en un entorno jurídicamente ordenado niñas y niños pueden ir al colegio sin miedo, estudiar o formarse sin temor, y las personas pueden encontrar un trabajo en el que ganen suficiente dinero. Todo ello únicamente está garantizado si se respeta la primacía del derecho.
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