Parlamento de Sudáfrica estudiará fallo que paraliza proceso de destitución de Ramaphosa
Nairobi, 24 jul (EFE).- El Parlamento de Sudáfrica tomó nota este viernes del fallo judicial que permite paralizar el proceso para la posible destitución del presidente del país, Cyril Ramaphosa, y señaló que estudiará la sentencia para determinar cómo afectará a los trabajos del comité parlamentario encargado de este asunto.
«El tribunal ha ordenado que, a la espera de la audiencia y la resolución definitiva del recurso del presidente, se prohíba al Parlamento continuar con el proceso público de destitución», señaló en un comunicado el Poder Legislativo.
«El presidente de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) estudiará detenidamente la sentencia, junto con los argumentos del tribunal, para determinar sus implicaciones sobre el trabajo que está llevando a cabo actualmente la Asamblea Nacional en relación con este asunto», añadió.
En una decisión que no tuvo el consenso de los tres jueces de la corte, el Tribunal Superior del Cabo Occidental aceptó este viernes la solicitud urgente de Ramaphosa para paralizar de manera temporal su proceso de destitución, relacionado con un informe de 2022 que lo acusa de una posible violación de las leyes anticorrupción.
Así, el tribunal ordenó que el comité parlamentario que evalúa la posible destitución del mandatario detenga el proceso hasta que se resuelva el recurso que el propio Ramaphosa presentó en mayo ante el mismo tribunal contra el citado informe y que tiene una audiencia programada del 2 al 4 de septiembre.
El proceso de destitución se reanudó el pasado 8 de mayo, después de que el Tribunal Constitucional declarara «inválida y nula» la votación en la que el Parlamento rechazó en 2022 el informe, elaborado por un comité independiente y que concluyó que, ‘prima facie’ (a primera vista), Ramaphosa pudo haber cometido una «violación grave» de varias leyes anticorrupción.
El documento hacía referencia al escándalo del robo millonario sucedido en febrero de 2020 en una granja propiedad del presidente en Phala Phala (norte), cifrado por el mandatario en 580.000 dólares y que llevó a un partido minoritario a presentar una moción y a la creación del citado comité.
Ese partido acusaba al mandatario, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno ejercer otras labores profesionales remuneradas, después de que Ramaphosa admitiera que se dedica a la venta de animales de caza, al asegurar que el dinero robado provenía de ese negocio (donde es habitual el pago en efectivo) y no de lavado de dinero.
Exlíder sindical y uno de los sudafricanos negros más ricos, Ramaphosa sucedió a Jacob Zuma (2009-2018) en la Presidencia del país, comprometiéndose a atajar la corrupción y el malestar económico desatados bajo su predecesor. EFE
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