Piden rendición de cuentas por la muerte de un líder indígena bajo custodia en Nicaragua
San José, 03 jun (EFE).- La muerte bajo custodia en Nicaragua del líder indígena miskito y exdiputado Brooklyn Rivera, que ha generado pedidos internacionales de una investigación «imparcial y transparente», exige verdad, justicia y rendición de cuentas, dijo este miércoles el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
«La muerte de Brooklyn Rivera no puede quedar envuelta en el mismo silencio que rodeó su desaparición. La verdad sobre lo ocurrido constituye una obligación del Estado y una demanda legítima de su familia, de los pueblos indígenas de Nicaragua y de la comunidad internacional», señaló ese organismo en un pronunciamiento.
Rivera, de 73 años, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita) y arrestado el 29 de septiembre de 2023, murió el 30 de mayo pasado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua donde había ingresado desde el 7 de marzo de este año por complicaciones respiratorias.
La muerte del exparlamentario, que se sumó a otras seis personas fallecidas bajo custodia estatal en Nicaragua, por su oposición al Gobierno que presiden los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, constituye uno de los casos más graves documentados, anotó ese Mecanismo.
«Su caso reúne múltiples elementos que han sido observados de manera recurrente en la persecución contra personas consideradas opositoras al régimen: detención arbitraria, desaparición prolongada, ausencia de información oficial, falta de acceso efectivo a garantías judiciales y un progresivo deterioro de las condiciones de salud mientras permanecía bajo control estatal», denunció la organización.
Desde su captura, las autoridades nicaragüenses nunca informaron públicamente sobre la existencia de una causa penal, acusación formal o proceso judicial en su contra, argumentó la ONG.
Además, durante más de dos años y medio, su familia, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales solicitaron información sobre su paradero, estado de salud y situación jurídica, sin éxito.
A pesar de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana y las gestiones realizadas por mecanismos de Naciones Unidas, el Estado de Nicaragua «mantuvo una política de opacidad, silencio y negación respecto a su situación», alegó.
Para ese Mecanismo, las condiciones de detención del líder indígena y la falta de acceso oportuno a información contribuyeron a generar un escenario de vulnerabilidad extrema.
«Durante meses circularon reportes sobre pérdida significativa de peso, problemas respiratorios y deterioro físico progresivo. Sin embargo, las autoridades únicamente reconocieron públicamente la gravedad de su estado pocos días antes de su fallecimiento», reprochó la organización.
Para ese organismo, la muerte de Rivera tampoco puede analizarse como un hecho aislado, por lo que, consideró, el Estado de Nicaragua tiene la obligación de esclarecer las circunstancias de su muerte, permitir investigaciones independientes e imparciales y rendir cuentas sobre lo ocurrido durante los más de dos años y medio que permaneció bajo su custodia.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria». EFE
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