ONG suizas que utilizan la jurisdicción universal para que se juzgue a criminales de guerra
Civitas Maxima y TRIAL International llevan años luchando contra la impunidad y utilizando el principio de jurisdicción universal para hacer justicia a las víctimas de crímenes internacionales. Sobre su difícil labor y lo que les motiva hemos hablado con los responsables de ambas ONG con sede en Ginebra.
Estamos ante un edificio como otro cualquiera en el centro de Ginebra. En su fachada no descubrimos ninguna placa, logotipo u otra señal que indique que en el segundo piso se encuentra la sede de Civitas Maxima. Aunque aquí —lejos de miradas curiosas— unas quince personas trabajan para esta pequeña ONG que ayuda a las víctimas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y desde estas dependencias coordinan la recogida de pruebas para llevar a juicio a los criminales que viven en Suiza u otros lugares.
Su fundador, director y también el cerebro de la ONG es Alain Werner, un abogado suizo formado en Ginebra y Nueva York, que ha desarrollado su carrera en el ámbito de la justicia internacional. Comenzó en el Tribunal Especial para Sierra Leona, en Freetown, y colaboró en el juicio al expresidente liberiano Charles Taylor. Después trabajó en La Haya y en Nom Pen (Camboya) en el Tribunal para los Jemeres Rojos, que se creó para juzgar a los responsables del genocidio camboyano. Asimismo, en Dakar participó en el juicio contra el expresidente de Chad Hissène Habré.
2023: primera condena en territorio suizo
Según el principio de jurisdicción universal, los delitos graves pueden perseguirse en cualquier lugar, dondequiera que los presuntos criminales estén, y sea cual sea el tiempo transcurrido desde que los actos en cuestión se cometieron. Así, en junio de 2023, Suiza anunció su primera condena por crímenes contra la humanidad. Una condena contra el liberiano Alieu Kosiah, antiguo comandante de la milicia rebelde ULIMO (Movimiento de Liberación Unido de Liberia para la Democracia), que vivía en Suiza. Fue declarado culpable de matar y ejecutar a civiles durante el conflicto armado que, entre 1993 y 1995, asoló Liberia.
El juicio fue un hito histórico para Suiza y Civitas Maxima desempeñó un papel destacado en él. “Descubrimos que el hombre había huido a Lausana; recogimos las declaraciones de las víctimas en Liberia y, basándonos en las pruebas, lo denunciamos a la Fiscalía General [de Suiza]”, explica Werner.
El abogado suizo presta una atención especial a lo ocurrido en Liberia. Por diversas razones, allí nunca ha habido un tribunal internacional. Su esperanza es que una condena en Suiza —algo muy importante para las víctimas—también tenga algún impacto en la sociedad liberiana. “En Liberia hay crímenes, pero no hay justicia. Nosotros hacemos posible que las víctimas vengan a declarar a Europa y, si la sociedad civil de Liberia lo desea, les ayudamos a que utilicen las decisiones judiciales aquí tomadas para obtener justicia en su propio país”, dice.
Los objetivos de TRIAL International —otra ONG que de la misma manera tiene su sede en Ginebra— son similares. Su labor consiste también en utilizar el sistema jurídico y el principio de jurisdicción universal para procesar a torturadores que viven o viajan a través de Suiza u otros países. Este grupo sin ánimo de lucro se fundó en 2002, después de que el dictador chileno Augusto Pinochet fuera detenido en Londres.
“En cuanto obtuve el título de abogado, decidí crear una organización con el objetivo de reproducir en Suiza el precedente de Pinochet. Esto significa utilizar la ley para procesar a los peores criminales del planeta”, señala Philip Grant, el director de TRIAL International. El principio de justicia internacional empezó a tomar forma durante aquel periodo.
Ambas ONG llevan años revisando las declaraciones de testigos que se han podido recoger con la ayuda de socios locales en otros países. Según Grant, al principio no fue fácil concienciar a los abogados suizos de que ciertos delitos también podían perseguirse en Suiza. “La configuración judicial no era la mejor y las autoridades suizas encargadas de perseguir los delitos no conocían los nuevos instrumentos del derecho internacional, realmente tampoco comprendían el principio de jurisdicción universal”, afirma.
Trabajo sobre el terreno y financiación
Las dos ONG se ocupan de situaciones de conflicto en todo el mundo. En el caso de TRIAL International, conflictos de la República Democrática del Congo (RDC) y Bosnia, sobre todo. “Allí es donde viven la mayoría de las casi 100 personas condenadas gracias a nuestro trabajo”, dice Grant. Pero, para la ONG, Suiza también es un país de interés. “Hay mucho turismo a Suiza por negocios o por cuestiones de lujo o médicas, lo que significa que muchos personajes ‘interesantes’ pasan por aquí”, cuenta.
Gracias a la diligente labor de investigación de TRIAL International y a sus contactos en otros países, la ONG prepara denuncias penales. El grupo ha puesto en marcha numerosas investigaciones abiertas en Suiza, como las acciones contra el exvicepresidente de Siria, Rifaat al-Assad, y contra el exgeneral argelino Khaled Nezzar, así como contra el exministro del Interior de Gambia, Ousmane Sonko. En 2024, en el Tribunal Penal Federal serán juzgados estos dos últimos altos cargos. “Por supuesto que estoy satisfecho de que los casos lleguen a los tribunales, pero es importante destacar el tiempo excesivo que se ha necesitado para llegar a este punto”, indica Grant.
Civitas Maxima, por su parte, se centra fundamentalmente en Liberia. La ONG ha recibido expedientes de Francia, Bélgica, Finlandia, Estados Unidos y Gran Bretaña relativos a la guerra civil de Liberia. Otros expedientes se refieren a Costa de Marfil —en particular a las víctimas de la violencia tras las elecciones de 2011— y al negocio de los diamantes de sangre de Sierra Leona.
Civitas Maxima también ha creado un departamento interno para enseñar a otras organizaciones sus innovadores métodos de investigación. Esto ha dado lugar a que haya colaborado con la organización ucraniana Truth Hounds y a que en Suiza se haya hecho una acusación formal por la “emboscada” al fotoperiodista suizo Guillaume Briquet durante la guerra en Ucrania.
Civitas Maxima tiene un presupuesto anual de unos dos millones de francos, que cubre con donaciones privadas; de asociaciones y fundaciones filantrópicas, principalmente. Alain Werner rechaza el dinero de organismos gubernamentales. “Es una cuestión filosófica. Cuando se habla de crímenes de guerra el Estado es un problema. Estos crímenes, muy a menudo, se cometen en su nombre o en nombre de quienes lo combaten. Nosotros actuamos como contrapeso del lado de las víctimas”, explica el abogado.
TRIAL International, por el contrario, no rechaza los fondos públicos. Philip Grant, sin embargo, tiene una visión crítica de las autoridades y de la situación en Suiza en los últimos veinte años. “Durante veinte años ha sido una lucha larga. En comparación con otros países europeos, Suiza no destaca. Bajo el mandato del anterior fiscal general, Michael Lauber, la lucha contra la delincuencia internacional ciertamente no era una prioridad”, declara.
Procesamientos… y progresos
Alain Werner sigue los pasos de los grandes defensores de los derechos humanos de los últimos tiempos, como Fritz Bauer —el fiscal alemán que inició el procedimiento de detención contra el criminal nazi Adolf Eichmann—, Juan Garcés —abogado español que durante años trabajó para llevar al dictador chileno Augusto Pinochet ante la justicia— y Reed Brody —abogado estadounidense que recibe el sobrenombre de “cazador de dictadores” y que ayudó a llevar a Hissène Habré a juicio—.
Civitas Maxima continúa con su labor, aunque no sin dificultades. “La exesposa de Charles Taylor, encarcelada en Gran Bretaña después de que presentáramos una denuncia, fue puesta en libertad sin que se hubiera examinado la cuestión de fondo. Ahora nos demanda varios millones de dólares por daños y perjuicios. Nos acusa de ser responsables de su encarcelamiento. Este tipo de acción legal pretende impedirnos hacer nuestro trabajo”, dice Werner.
TRIAL International también tiene que defenderse de acciones legales. Una empresa petrolera con sede en Zug —en el centro de Suiza— ha iniciado un procedimiento y ha reclamado daños y perjuicios por valor de 1,8 millones de francos tras haber sido citada en un informe sobre el controvertido contrabando de petróleo libio. La Fiscalía General ha iniciado procedimientos penales relacionados con este asunto contra personas desconocidas sospechosas de cometer crímenes de guerra.
Grant reconoce que los aspectos políticos y diplomáticos de ciertos casos influyen “aunque no pueda obtener pruebas firmes de ello”. Werner coincide con él y dice: “Teniendo en cuenta el número de atrocidades cometidas en el mundo, deberían celebrarse muchos más juicios de este tipo. Por ahora, las cosas van demasiado despacio”.
El director de TRIAL International admite que, después de un largo estancamiento y tras el nombramiento, en 2021, de Stephan Blättler como nuevo fiscal general de Suiza, la situación en el país alpino parece mejorar. “2023 ha sido un año crucial, con la condena de Alieu Kosiah y la conclusión de varias investigaciones importantes”, afirma Grant. Esta tendencia en 2024 debería continuar. El lunes 8 de enero comenzó en el Tribunal Penal Federal el juicio contra el exministro del Interior de Gambia, Ousmane Sonko, acusado de crímenes contra la humanidad. Este caso es consecuencia de una denuncia que presentó TRIAL International y de una investigación judicial.
Texto adaptado del inglés por Lupe Calvo
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