Rusia pide intervenir en CIJ en caso de tráfico de migrantes entre Lituania y Bielorrusia
La Haya, 22 jul (EFE).- Rusia ha solicitado intervenir en el caso que enfrenta a Lituania y Bielorrusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presunto tráfico ilícito de migrantes, y aprovechó para denunciar lo que considera una «campaña» occidental de persecución, a través del derecho internacional, contra sus aliados y la propia Moscú.
Lituania inició el caso en mayo de 2025 y acusó a Bielorrusia, aliado de Rusia, de «facilitar, apoyar y posibilitar el tráfico ilícito de migrantes» hacia la frontera lituana.
En la declaración de intervención, Rusia sostiene que la demanda de Lituania -y la petición para sumarse al caso que presentó Polonia a finales de junio- forman parte de una «lamentable tendencia a utilizar los mecanismos internacionales de solución de controversias como instrumento para ejercer presión sobre adversarios geopolíticos».
La declaración permite a Moscú presentar su interpretación jurídica del Protocolo de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, el tratado cuya aplicación legal está en el centro de la disputa, y del que Moscú también es parte.
Según Rusia, esa campaña de «instrumentalización de la Justicia internacional» se caracteriza por una «distorsión flagrante de los tratados, acusaciones fácticamente falsas y jurídicamente infundadas, y un amplio uso de intervenciones politizadas» en procedimientos ante la Corte.
El Gobierno ruso recuerda el caso presentado por Ucrania contra Rusia en base al tratado contra el genocidio y reprocha que la CIJ permitiera la participación de decenas de países en ese procedimiento, lo que abrió una «caja de Pandora» y creó «una nueva realidad en la que las intervenciones de terceros Estados se usan como herramienta de lucha política».
Respecto al litigio en el que pide intervenir, Rusia señala que la demanda de Lituania se basa en una «interpretación de mala fe» del Protocolo y pretende «ampliar artificialmente su ámbito de aplicación» para incluir hechos que, en su opinión, quedan fuera del tratado y la jurisdicción de la Corte.
Rusia defiende que el Protocolo tiene como finalidad «prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes» y «no pretende abarcar situaciones de migración irregular en general», ni «está destinado a regular cuestiones de responsabilidad de los Estados por el tráfico ilícito de migrantes», lo que deja fuera la denominada «instrumentalización de los migrantes».
La Unión Europea (UE) también remitió sus observaciones a la Corte, en un caso que podría sentar precedente sobre el alcance del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes.
Además de acusar a Bielorrusia de «facilitar, apoyar y posibilitar el tráfico ilícito de migrantes», Lituania sostiene que el país fronterizo no adopta las medidas necesarias para impedirlo y que incumple sus obligaciones de cooperación previstas en el Protocolo, actuaciones que, dijo, perjudicaron su soberanía, seguridad y orden público, y expusieron a los migrantes a «graves abusos».
La Corte examina todavía en esta fase las objeciones sobre su jurisdicción y la admisibilidad de la demanda, antes de entrar en el fondo del asunto. Bielorrusia rechaza todas las acusaciones. EFE
ir/asa/pcc
