Tragedia en Nepal reactiva reclamos en Argentina ante la desprotección de los glaciares
Natalia Kidd
Buenos Aires, 29 ago (EFE).- La tragedia en Nepal por el colapso de una masa de hielo en el Himalaya ha reactivado los reclamos en Argentina contra la reforma de la ley de protección de glaciares aprobada este año a propuesta del Gobierno de Javier Milei, que incrementa los riesgos para los campos de hielo andinos y para el agua de la que dependen millones de personas.
«Los ecosistemas son completamente distintos y no podemos decir que vaya a pasar en Argentina, pero lo que ocurrió en Nepal es una advertencia de lo que está pasando a nivel mundial con los glaciares y su retroceso, un fenómeno que ya se da en Argentina», dijo a EFE Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace.
Argentina, donde hay 16.968 cuerpos de hielo que cubren 8.484 kilómetros cuadrados, reconoció en 2024 de manera oficial que el aumento de la temperatura ha generado un retroceso de casi todos los glaciares andinos de la Patagonia sur durante las últimas décadas, incluido el emblemático Perito Moreno, declarado en 1981 Patrimonio de la Humanidad.
El país suramericano fue pionero en Latinoamérica al aprobar en 2010 una ley de protección de glaciares como reservas estratégicas de agua, pero la reforma de esta legislación, en abril pasado y por impulso del Gobierno de Milei, ha añadido la presión de actividades extractivistas a los efectos que ya causa el cambio climático sobre los glaciares.
El impacto minero sobre los glaciares
La reforma, a la que se opusieron unos 900.000 argentinos en una recogida de firmas, habilita a las provincias a autorizar proyectos mineros en áreas periglaciales (zonas aledañas a los glaciares) si consideran que no tienen reservas estratégicas de recursos hídricos, lo que abre las puertas a decisiones discrecionales, según los ambientalistas.
El cambio en la legislación fue aprobado por el Parlamento en medio de una ola de nuevas inversiones mineras, principalmente en litio, cobre y oro, impulsadas por los beneficios fiscales que está otorgando el Gobierno actual a las empresas.
«Permitir la minería en estos ecosistemas puede generar muchos problemas. Vuelan la montaña con dinamita y arman un dique de cola, donde vierten agua y sustancias químicas como cianuro, con el peligro de que se filtre hacia las napas subterráneas y contamine acuíferos que conectan con ríos. Además, estos diques artificiales pueden colapsar», afirmó a EFE Cristian Fernández, coordinador del área legal de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Rossi Serra, de Greenpeace, remarcó que los glaciares conservan el 70 % del agua dulce del planeta, cumplen un rol fundamental de regulación de los ciclos hídricos y hay muchas comunidades que dependen del agua de deshielo para el consumo humano, riego y generación de energía.
«Entre el 18 % y el 20 % de los argentinos depende de manera directa del agua de deshielo de glaciares y ambientes periglaciales», advirtió la experta.
Cruzada judicial contra la reforma de la ley
La provincia de La Pampa (centro) y varias organizaciones de la sociedad civil, como Greenpeace y FARN, presentaron una solicitud de amparo colectivo contra la reforma de la ley de glaciares, en la que exigen que no se aplique hasta que la Justicia se pronuncie sobre si la nueva norma es o no inconstitucional.
«El trámite judicial es lento. El juzgado tiene paralizada la resolución. Estamos bastante preocupados con la ausencia de respuesta», dijo a EFE Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, una de las organizaciones que lidera la demanda.
La causa judicial tiene un antecedente de peso: en 2019 la Corte Suprema argentina ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 al fallar en una demanda iniciada en 2011 por la minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan (oeste) contra esa norma.
En aquella sentencia, el Supremo reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos -como el acceso al agua-prevalecen sobre otros intereses.
«La reforma es inconstitucional a todas luces y, más allá de la estrategia judicial, buscaremos que este tema esté en la agenda pública de cara a las elecciones de 2027 en Argentina, impulsando una ley que restablezca la protección de los glaciares», afirmó Fernández sobre el golpe que el Parlamento dio hace unos meses a la legislación que cuidaba los campos de hielo en Argentina.
«Tragedias como las de Nepal deben abrir los ojos de todos», concluyó. EFE
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