¿Qué hace Suiza con el dinero robado por gobernantes corruptos?

¿Devolver el dinero sin más? No siempre es tan fácil. Illustration: Kai Reusser, Swissinfo

Suiza congela activos, devuelve fondos y presta asistencia judicial a otros países: ¿ha dejado Suiza de ser un refugio seguro para el dinero robado por gobernantes corruptos y sus familias? A medias. Las respuestas a las preguntas más importantes sobre el tema.

La devolución de dinero procedente de la corrupción en otros países es un proceso complejo y prolongado. Suiza ocupa una posición particular en este ámbito y arrastra una reputación en parte cuestionable. La complejidad de los casos es una de las razones.

¿Por qué Suiza no obliga a sus bancos a devolver directamente a los Estados perjudicados el dinero procedente de la corrupción?

La respuesta tiene que ver, principalmente, con el Estado de derecho. La restitución de activos adquiridos de forma ilícita no es en Suiza una decisión gubernamental, sino el resultado de un proceso que requiere, entre otras cosas, un procedimiento judicial, tal como ocurre en la mayoría de los países.

«Un procedimiento de restitución exige pruebas sólidas del origen ilegal de los activos, cooperación internacional, decisiones judiciales y, en muchos casos, acuerdos políticos sobre el uso de los fondos», explica Oscar Solórzano, responsable para América Latina del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Basel Institute on Governance.

Desde el exterior, la situación puede parecer evidente: si un exjefe de Estado o su círculo de personas allegadas tienen cuentas en Suiza, el dinero debe de ser robado y debería devolverse a la población lo antes posible. Pero no es tan sencillo. El dinero «sucio» normalmente llega disfrazado para que acabe en cuentas suizas.

¿Qué hacen los bancos suizos para no aceptar fondos de origen corrupto del extranjero?

En las últimas décadas, Suiza ha adoptado diversas medidas para frenar la entrada de dinero corrupto o ilícito. Si bien el Gobierno y las autoridades financieras reconocen que los mecanismos no son infalibles, señalan avances significativos.

Los bancos en Suiza verifican hoy, entre otros aspectos, el domicilio fiscal, la actividad profesional y el perfil económico de su clientela. Si los activos pertenecen a una sociedad, fundación u otra estructura, los bancos deben identificar, conforme a la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, a la persona física que en última instancia controla esos activos. La persona titular de la cuenta debe explicar cómo adquirió su patrimonio. Esta obligación de declaración no concluye con la apertura de la cuenta: las transacciones posteriores también se supervisan para detectar movimientos inusuales.

Los bancos también verifican si su clientela ocupa o ha ocupado un cargo público relevante en el extranjero, o si mantiene vínculos familiares o económicos con personas en esa situación. En tal caso, se aplican obligaciones de diligencia reforzadas.

¿Qué ocurre cuando hay indicios de que los fondos son de origen corrupto?

Si un banco cuenta con indicios suficientes de blanqueo de capitales u otro origen ilegal de los activos, debe comunicarlo a la Oficina Suiza de Información sobre el Blanqueo de Capitales (MROS). Esta analiza la información recibida, la complementa con datos propios y, si los indicios son suficientes, traslada el caso a las autoridades competentes de persecución penal, ya sea a nivel cantonal o federal.

El problema es que, como los delitos suelen haberse cometido fuera de Suiza, la fiscalía suiza no puede investigarlos directamente y depende de la asistencia judicial internacional.

Aquí entra en juego un instrumento que, según Solórzano, fue una iniciativa suiza y constituyó una novedad: «La exfiscal de Zúrich Cornelia Cova impulsó el primer caso de asistencia judicial espontánea en la historia de la recuperación de activos. En el año 2000, Suiza transmitió por iniciativa propiaEnlace externo a otro Estado – Perú – información bancaria sobre cuentas sospechosas de Vladimiro Montesinos, mano derecha del entonces presidente Alberto Fujimori.»

Según Solórzano, este mecanismo se ha convertido en una buena práctica reconocida internacionalmente. La transmisión espontánea de información fue incorporada posteriormente a instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la CorrupciónEnlace externo y se utiliza hoy de forma habitual en el ámbito de la recuperación de activos.

No obstante, no todas las formas de información pueden transmitirse de manera espontánea. Las disposiciones de confidencialidad o las normas legales pueden representar obstáculos. Lo que sí está permitido es compartir información limitada para que un Estado pueda presentar una solicitud formal de asistencia judicialEnlace externo.

Como uno de los principales centros mundiales de gestión transfronteriza de patrimonios, Suiza recibe cada año cientos de solicitudes desde el extranjero. En 2025, al menos 20 peticiones correspondían a la recuperación de activos y otras 33 a la distribución internacional de bienes confiscados, según las estadísticasEnlace externo suizas de asistencia judicial internacional.

¿Por qué, si se produce, la restitución de fondos corruptos tarda muchos años?

La asistencia judicial internacional requiere la cooperación de ambas partes y recae principalmente en la responsabilidad del Estado afectado, que debe presentar a las autoridades suizas las pruebas necesarias de que los activos en cuestión fueron efectivamente tienen una procedencia ilícita. Si a esto se suman la inestabilidad política o la corrupción en los países implicados, la devolución puede retrasarse décadas o incluso fracasar.

La recuperación de activos comprende, en términos generales, las fases de identificación, bloqueo, incautación o confiscación, y restitución de los activos al Estado afectado o a las víctimas correspondientes.

En casos de corrupción, Suiza puede acordar con el Estado receptor modalidades especiales de restitución para garantizar que los fondos recuperados beneficien realmente a la población y se utilicen de forma transparente.

Un ejemplo ilustrativo de las dificultades de la recuperación de activos proviene de principios de la década de 2000. En aquel momento, Suiza devolvió a Perú 92 millones de dólares: sobornos que el exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, había recibido de traficantes de armas que recibieron por ello la adjudicación de contratos por parte del Gobierno peruano.

Perú creó un fondo para gestionar los fondos restituidos y garantizar su usoEnlace externo transparente. Sin embargo, se supo después que parte del dinero recuperado se había destinado a actividades de ocio para funcionarios del Estado.

A raíz de este y otros casos, Suiza se planteó cómo mejorar la devolución de fondos públicos para que fueran realmente de beneficio de la población. El país aplica para ello un conjunto de medidas, desde acuerdos de restitución y la definición del destino de los fondos hasta el pago escalonado.

¿Hay casos que ocupan a Suiza actualmente sobre cuentas con dinero de origen corrupto llegado del extranjero?

Sí, y uno de ellos está relacionado con el expresidente venezolano Nicolás Maduro. Para entender la actuación de Suiza en este caso, hay que retroceder unos diez años para comprender el actuar de Berna.

En 2016, Suiza aprobó -por iniciativa propia y en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)- la Ley Federal sobre el Bloqueo y la Restitución de Activos de Origen Ilícito de Personas Políticamente Expuestas en el Extranjero. La ley permite bloquear activos tras revoluciones o la caída de un régimen cuando existen indicios fundados de que los patrimonios fueron adquiridos de forma ilícita y las instituciones del país de origen se encuentran debilitadas.

Esta situación se produjo a principios de 2026, tras la operación militar estadounidense en Venezuela en la que el presidente Nicolás Maduro fue detenido. Suiza ordenó entonces el bloqueo de activos venezolanos por un valor de 687 millones de francos suizos (unos 845 millones de dólares).

Si se demuestra que los activos fueron adquiridos ilegalmente, Suiza tiene previsto devolver el dinero en beneficio de la población venezolana, según declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza en enero de 2026.

Por el momento, sin embargo, Venezuela no parece estar en condiciones -o no tiene voluntad- de demostrar el origen de los fondos, y el dinero permanece bloqueado en Suiza.

¿Qué hay de cierto en la acusación de que Suiza sigue beneficiándose hoy del dinero de la corrupción?

Diversos casos de bloqueo de cuentas se han producido de forma puntual y la recuperación de fondos corruptos puede considerarse un éxito en los últimos años. Hasta la fecha, Suiza ha confiscado y devuelto más de 2.000 millones de dólares en fondos corruptos pagados a personas en puestos públicos en el extranjero.

Sin embargo, existe una laguna importante en la lucha contra la corrupción: los sobornos cometidos por empresas suizas en el extranjero. Un ejemplo conocido es el escándalo de corrupción en la República Democrática del Congo en el que estuvo implicado el gigante suizo de materias primas Glencore.

En 2024, la Fiscalía Federal suiza condenó a Glencore a una multa de dos millones de francos suizos y al pago de 150 millones de dólares «por deficiencias organizativas», lo que equivale a la entrega de los beneficios obtenidos de forma ilícita.

Tras la sentencia, 14 ONG congoleñas exigieron que Suiza utilizara ese dinero para indemnizar a la población de ese país africano. Sin embargo, el derecho suizo no lo contempla, ya que ni la población congoleña ni ninguna de las ONG fueron admitidas como perjudicadas en el procedimiento suizo. Hasta hoy, esos millones permanecen en las arcas del Estado suizo.

Andrew Dronbierer, autor del libro ‘Illicit Enrichment’ (Enriquecimiento ilícito), llega a la misma conclusión en un artículo de opinión publicado en Swissinfo:

Suiza sigue beneficiándose sin duda de al menos una forma de corrupción internacional a causa de los sobornos en el extranjero. Entre 2011 y 2024, las autoridades federales suizas cerraron 14 casos de soborno en el extranjero en los que estaban implicadas empresas suizas o consorcios internacionales con actividades en Suiza.

Los procedimientos concluyeron mediante acuerdos extrajudiciales, en los que las empresas fueron obligadas a ingresar en las arcas del Estado suizo un total de 730 millones de francos suizos en concepto de beneficios obtenidos de operaciones ilegales.

¿Es eficiente la lucha suiza contra el blanqueo de capitales?

El hecho de que en Suiza sean los propios bancos quienes realicen las verificaciones sobre la legitimidad de los fondos, sin participación externa, ha suscitado críticas reiteradas, también desde el extranjero. Sin embargo, la autorregulación parcial del sector financiero es solamente uno de los problemas en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Esto quedó de manifiesto en 2020, cuando Daniel Thelesklaf dimitió como director de la MROS. En una entrevista con el diario Tages-AnzeigerEnlace externo, fue contundente: «Cuando se trata de blanqueo de capitales, Suiza suele aplicar únicamente el mínimo absoluto exigido por la presión internacional.»

Thelesklaf explicó que los bancos habían declarado como sospechosos entre 12.000 y 17.000 millones de francos suizos anuales desde 2016. «Sin embargo, sólo se confisca una parte muy pequeña de esa cantidad», por lo que quienes están detrás de esos flujos de dinero quedan con frecuencia impunes.

En otras palabras: estas personas pueden actuar en gran medida sin consecuencias penales. «Para un autócrata que puede bloquear la asistencia judicial internacional, Suiza es uno de los países más seguros donde guardar su dinero», afirmó Thelesklaf.

Edición, Marc Leutenegger. Versión en español, Patricia Islas