Tribunal superior japonés ratifica la disolución de la polémica Iglesia de la Unificación
Tokio, 4 mar (EFE).- El Tribunal Superior de Tokio ratificó este miércoles la orden, emitida en marzo de 2025 por un tribunal de distrito, de disolver en Japón la polémica Iglesia de la Unificación, conocida peyorativamente como la ‘secta Moon’, según recogen medios como la televisión pública NHK o la agencia japonesa Kyodo.
El grupo, acusado por las autoridades de llevar a la ruina a sus miembros al solicitar donaciones abusivas, aún puede recurrir la decisión al Tribunal Supremo del país, pero la orden se aplicará de manera inmediata.
La ley japonesa permite a las autoridades disolver las entidades que han causado un daño significativo al público, retirando sus beneficios fiscales y confiscando sus bienes.
Según la sentencia de este miércoles, recogida por NHK, las solicitudes de donaciones del grupo «causaron enormes daños financieros y angustia mental a muchas personas», y su conducta «se reconoce claramente como contraria a las leyes y reglamentos y perjudica significativamente el bienestar público».
Se trata de la tercera disolución de una organización religiosa en Japón, tras el culto Aum Shinrikyo (Verdad Suprema), artífice del ataque con gas sarín en el metro de Tokio de 1995, y el templo budista Myokakuji de la secta Nichiren, cuyo máximo líder fue condenado por fraude.
Fundada en 1954 en Corea del Sur, la Iglesia de la Unificación es conocida por sus bodas masivas y ha generado controversia en Japón durante décadas por sus exigentes donaciones y la práctica de ‘ventas espirituales’, con las que supuestamente coacciona a sus miembros para que compren objetos a precios desorbitados y por las que le han abierto numerosos procesos judiciales en el archipiélago.
El grupo fue objeto de un nuevo escrutinio tras el asesinato del exmandatario Shinzo Abe en julio de 2022 a manos de Tetsuya Yamagami, un hombre que acusó a la ‘secta Moon’ de captar a su madre y llevar a su familia a la bancarrota, y que descargó su ira en Abe por sus presuntos vínculos con la organización.
El exmandatario japonés Fumio Kishida inició, a raíz del asesinato de Abe, una investigación sobre las actividades de la Iglesia de la Unificación, tras lo que el Gobierno solicitó privar al organismo de las ventajas fiscales de las que gozaba como organización religiosa.
El magnicidio, que conmocionó al mundo, también dio lugar a la denuncia pública de numerosas víctimas del culto, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para hacer donaciones al grupo.
Yamagami fue condenado a cadena perpetua en enero por un tribunal de distrito, tras lo que su equipo de abogados apeló la decisión, asegurando que no se tuvieron suficientemente en cuenta las circunstancias personales del asesino al dictar sentencia. EFE
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