Entran en vigor normativas para proteger infraestructuras críticas en la UE
Bruselas, 16 oct (EFE).- La Comisión Europea pidió este martes a los Veintisiete que traspongan “rápidamente” a sus normativas nacionales dos directivas europeas diseñadas para proteger a las infraestructuras críticas de amenazas y ciberataques, que entraron hoy en vigor.
“Las nuevas normas reforzarán la ciberseguridad y nuestra capacidad de recuperación, incluso contra ataques terroristas, amenazas o sabotajes. Es importante que todos los Estados miembros transpongan rápidamente las nuevas normas”, dijo la portavoz del Ejecutivo comunitario en asuntos de Interior, Migración y Seguridad Interior, Anitta Hipper, en rueda de prensa.
Se trata de la Directiva sobre medidas para un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (conocida como NIS 2) y la Directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas (CER).
Hipper señaló que el sabotaje de los gasoductos Nord Stream I y II “ha dejado muy claro que nuestra infraestructura crítica está bajo amenaza”.
En un comunicado, la Comisión Europea destacó, en este sentido, que las recientes amenazas a las infraestructuras críticas de la UE “han intentado socavar nuestra seguridad colectiva”.
Las dos nuevas directivas “clave” sobre infraestructuras críticas y digitales tienen como objetivo reforzar la resiliencia de la UE frente a las amenazas tanto en línea como fuera, desde los ciberataques a la delincuencia, los riesgos para la salud pública o las catástrofes naturales, precisó Bruselas.
La necesidad de dotar de mayor resiliencia a las infraestructuras críticas de la Unión Europea, en el sector del transporte o de la energía, pero también en el tecnológico, resurgió con los ataques en 2022 a los dos ramales del gasoducto ruso Nord Stream en el Mar Báltico.
Las nuevas normas, que sustituyen a otras que databan de 2006 y 2008, reforzarán la resistencia de las infraestructuras críticas frente a toda una serie de amenazas, como peligros naturales, atentados terroristas, amenazas internas o sabotajes.
Cubren once sectores: energía, transporte, banca, infraestructuras de los mercados financieros, sanidad, agua potable, aguas residuales, infraestructuras digitales, administración pública, espacio y alimentación.
Los Estados miembros tendrán que adoptar una estrategia nacional y realizar evaluaciones periódicas de riesgos para identificar las entidades consideradas críticas o vitales para la sociedad y la economía, en virtud de las nuevas normas.
Ahora, los Estados miembros disponen de 21 meses para transponer ambas directivas a la legislación nacional. EFE
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