Xenofobia y repatriaciones en Sudáfrica: ¿un golpe para la economía del país?
Moses Mudzwiti
Johannesburgo, 23 jul (EFE).- El zumbido de los cortacéspedes de jardineros que ofrecían trabajo parcial en suburbios adinerados del norte de Sudáfrica o la imagen de trabajadores ocasionales en las esquinas con sus carteles de «electricista» o «albañil» se han reducido en las últimas semanas, en un síntoma del posible impacto económico de la ola xenófoba de los últimos meses en el país.
Estos trabajadores proceden habitualmente de naciones vecinas como Malaui o Zimbabue, países que, junto con Ghana, Nigeria, Kenia, Uganda y Mozambique, han impulsado la repatriación voluntaria de decenas de miles de sus ciudadanos residentes en Sudáfrica.
La tensión no ha hecho más que crecer en el país sudafricano en los últimos meses, con una escalada de ataques xenófobos y protestas contra la inmigración irregular, aunque la violencia a menudo ha ido dirigida contra migrantes africanos de manera indiscriminada.
Las marchas antiinmigración culminaron el pasado 30 de junio, cuando miles de personas salieron a la calle en una fecha que los convocantes habían dado como límite para que los indocumentados abandonasen el país.
Trabajadores, analistas y representantes sectoriales temen el posible impacto económico de las repatriaciones masivas, pero muchos rechazan hacer declaraciones a EFE por miedo a ser señalados.
Estrategias frente al acoso
«En la mayoría de sitios, se arriesgaron y pusieron a los extranjeros en los turnos de noche y a todos los locales en los turnos de día, porque estas cosas pasan durante el día», declara a EFE en Johannesburgo (norte) un trabajador de la hostelería, originario de Zimbabue, que prefiere mantener el anonimato.
Entre los sectores más golpeados figuran también el empleo doméstico y de cuidados o el transporte colectivo en miniautobuses —conocidos localmente como «taxis»—, que han registrado una fuerte caída de pasajeros desde el inicio de las protestas.
«Formo parte de un grupo de WhatsApp de unas cuarenta personas de Musengezi (Zimbabue) y a la mayoría las echaron del trabajo y les dijeron que volvieran cuando hubieran regularizado sus papeles», explica a EFE una trabajadora doméstica que tampoco quiso revelar su identidad.
Pero, según advirtió en declaraciones a la prensa local la directora ejecutiva de la plataforma de trabajo doméstico SweepSouth, Lourandi Kriel, «no solo los zimbabuenses, sino incluso los sudafricanos están siendo agredidos simplemente por la sospecha de que podrían no serlo».
También un trabajador de los citados taxis expresó su preocupación a la prensa sudafricana tras las protestas recientes: «El negocio va muy mal, no hay nadie por aquí. Antes tardábamos (en llenar el vehículo) unos quince minutos, ahora tardamos 45 minutos. Tenemos que cumplir las leyes del país, pero no se tendría que haber gestionado así. Algunos de ellos no volverán», lamentó Swondaha Mudau.
En los últimos meses se han registrado asimismo ataques contra las llamadas tiendas «spaza», pequeños comercios de barrio regentados habitualmente por extranjeros.
«Desde el punto de vista de los inversores, lo que esto provoca es que aumente la preocupación por la estabilidad social, la capacidad de Gobierno y la capacidad para proteger a las personas y a las empresas cuando aumentan las tensiones», alertó a la revista Forbes Cameron Hewson, responsable de Producto de la firma sudafricana de gestión de inversiones Cinnabar Investment Management.
La presión podría aumentar todavía más si se aprueba un proyecto legislativo presentado el pasado junio para endurecer las penas contra aquellos que empleen de manera irregular a extranjeros, con multas de entre 100.000 y un millón de rands (entre unos 5.300 y unos 53.000 euros).
Impacto económico
Este escenario contrasta con la contribución a la economía sudafricana de los extranjeros, a quienes los grupos antiinmigración culpan del desempleo, las deficiencias en los servicios públicos y la elevada delincuencia.
Con estas acusaciones, los convocantes de las marchas han llegado a impedir que los inmigrantes accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.
El censo del Gobierno sudafricano de 2022 cifra en 2,4 millones a los migrantes residentes en el país, mientras la encuesta gubernamental de ingresos y gastos 2022/2023 estima que son 3,1 millones, lo que equivale a algo más del 5 % de la población total.
Mientras, un informe publicado en 2018 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que los extranjeros aportan cerca del 9 % del producto interior bruto (PIB) sudafricano, según una proyección con datos de 2010.
El mismo estudio señala que los trabajadores extranjeros podrían aumentar la renta per cápita del país en un 5 % y tienen un impacto fiscal neto «positivo» porque «suelen pagar más impuestos».
A pesar de estas cifras, grupos antiinmigración han afirmado que seguirán manifestándose contra el que consideran el origen de todos los males del país. EFE
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(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 55020875229, 55020755381 y otros)
