«No he sido asesino»: Expresidente de Colombia se dice inocente en indagatoria por masacres
El expresidente colombiano de derecha Álvaro Uribe negó el viernes su responsabilidad en dos masacres y el asesinato de un defensor de derechos humanos en la década de 1990, previo a comparecer ante la Fiscalía que lo investiga por esos crímenes.
La indagatoria vincula formalmente al poderoso político con este proceso judicial, y lo deja nuevamente bajo escrutinio por sus presuntos vínculos con paramilitares en la cruenta ofensiva que libró contra las guerrillas cuando era presidente y gobernador.
Esta vez la Fiscalía escuchará la versión del expresidente sobre las masacres paramilitares de El Aro (1997) y La Granja (1996) en la convulsa región de Antioquia, cuando era gobernador.
También al asesinato de Jesús María Valle en 1998, líder social asesinado a tiros en la ciudad de Medellín tras denunciar las masacres.
«Creí que le había servido a la nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino», dijo el político de 74 años en Bogotá, antes de ingresar al interrogatorio de la Fiscalía.
Uribe, que llevó a cabo una cruenta ofensiva contra la guerrilla durante sus dos mandatos presidenciales, entre 2002 y 2010, está bajo sospecha por vínculos con paramilitares desde hace años.
Acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad, con escoltas y escudos, acusó a sus «adversarios políticos». Siempre aseguró ser víctima de una persecución política.
En agosto de 2025 fue condenado a doce años de prisión domiciliaria por sobornar a paramilitares encarcelados para que no lo relacionaran con estos escuadrones de ultraderecha. Pero más tarde un tribunal de Bogotá revocó la pena.
Durante las masacres, los paramilitares mataron a decenas de campesinos, se llevaron su ganado y quemaron sus casas.
Las víctimas y los testigos aseguraron ver un helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevolar y custodiar a los paramilitares por días durante la masacre de El Aro.
En los convulsos 1990, Antioquia fue escenario de una violencia extrema debido al narcotráfico, la expansión paramilitar y la presencia de guerrillas.
La Fiscalía acusa a Uribe de «facilitar y promover» la acción de los paramilitares en la región, con su finca familiar «Las Guacharacas» como centro operacional.
Su hermano, Santiago Uribe, fue condenado el año pasado a 28 años de prisión por liderar un escuadrón paramilitar denominado «Los 12 Apóstoles».
La defensa del expresidente ha intentado dilatar y suspender la investigación.
En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por omisión en las masacres y dos añoa después por la ejecución extrajudicial de María Valle.
Las víctimas llevan años pidiendo justicia.
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