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AI denuncia desapariciones forzosas y masacres por parte de militares y grupos en el Sahel

Londres, 29 abr (EFE).- Las desapariciones forzosas y persecución de opositores, las masacres de las fuerzas militares y los ataques de los grupos armados a civiles fueron las principales agresiones a los derechos humanos en el Sahel central registradas por Amnistía Internacional (AI) en su informe anual publicado hoy.

En Burkina Faso, por ejemplo, los militares mataron a al menos 223 civiles, incluidos al menos de 56 niños, en los pueblos de Soro y Nodin, en el norte del país, en febrero de 2024, como denunció Human Rights Watch (HRW). Y también en mayo el informe apunta a que «cientos de civiles» fueron asesinados por el Ejército y fuerzas paramilitares aliadas en pueblos del este.

En Níger y Burkina Faso las fuerzas de seguridad utilizaron drones para supuestamente luchar contra el terrorismo en ataques que han dejado más de ciento muertos, se reporta en el informe.

En ese sentido, en enero de 2024 un dron del ejército nigerino mató a unos 50 civiles en el pueblo de Tiawa, al responder supuestamente a un ataque terrorista. Y en Mali, el 17 de marzo dos ataques con drones dejaron 13 muertos, incluidos siete niños en la región de Gao, en el este de Mali, y una semana después otro ataque con dron mató a 14 personas, incluidos once niños, en la cercana región de Mopti.

Los grupos armados también han continuado sus ataques para controlar el territorio y los recursos que han dejado miles de desplazados y muertos.

En Mali, por ejemplo, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM, en inglés) realizó decenas de ataques que dejaron múltiples muertos, y ese mismo grupo yihadista es señalado de ser responsable de la muerte de alrededor de 200 personas en Burkina Faso.

«Los grupos armados han sido responsables de algunos de los ataques más letales contra civiles», señala AI en el informe.

Desapariciones forzadas y ataques a la oposición

Se trata de tres países que vivieron golpes de Estado militares entre 2021 y 2023 y donde juntas militares siguen gobernando sin haber pasado por elecciones.

Por ello, entre las agresiones a los derechos humanos más señaladas por Amnistía en su informe figuran las detenciones arbitrarias a opositores e incluso las desapariciones forzadas de algunos, incluidos periodistas o activistas.

De ese modo, Amnistía denunció la desaparición forzada de dos miembros del movimiento ciudadano burkinés ‘Balain citoyen’, Bassirou Badjo y Rasmane Zinaba, quienes después fueron supuestamente reclutados a la fuerza y llevados a combatir en primera línea.

También en Burkina, en junio se produjo la detención del editor del periódico ‘L’evènement’ Atiana Serge Oulon, junto al periodista Alain Traoré, y los presentadores de televisión Kalifara Séré y Adama Bayala. Cinco meses después tres de ellos fueron forzados a prestar servicios militares pero aún sigue sin saberse el paradero de Alain Traoré.

En Níger, la organización de derechos humanos ha denunciado varias detenciones de «personas que criticaban a las autoridades», entre las se incluye la del expresidente derrocado Mohamed Bazoum, su mujer y miembros de su entorno, pero también arrestos arbitrarios como el del activista ‘Ali Tera’, que había denunciado en el canal de la BBC en lengua vernácula hausa el deterioro de las condiciones de seguridad en una parte del país.

Por su parte en Mali, «quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica son frecuentemente arrestados de forma arbitraria y detenidos», denuncia AI.

Es el caso por ejemplo de once políticos que fueron arrestados el 20 de junio cuando realizaban una reunión en Bamako, en la casa del vicepresidente de la Alianza Democrática de Mali, y luego fueron enjuiciados por «alterar el orden público y conspirar contra el Estado».

Otras violaciones de DD.HH.

El informe anual de AI, presentado este martes en Bruselas, también recoge otras violaciones de derechos humanos como la aprobación en diciembre de un nuevo código penal en Mali que criminaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo bajo penas de hasta dos años de prisión.

En esa línea, en Burkina Faso está por aprobarse un código de familia, cuyo borrador actual también criminaliza las relaciones entre personas LGTBI. Además, en noviembre el gobierno burkinabe anunció su intención de restituir la pena de muerte en el país. EFE

ime/jlp

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