Ambientalistas enfrentan nuevo juicio por asesinato en 1989 en El Salvador
Un nuevo juicio contra cinco ambientalistas salvadoreños, acusados del asesinato de una mujer en 1989 durante la guerra civil, se realizará el martes, anunció la oenegé en la que militan, al denunciar el caso como «persecución» por su activismo contra la minería.
Los ambientalistas, que en la época del crimen eran guerrilleros, fueron absueltos el 18 de octubre, junto a otros tres exrebeldes también acusados del asesinato, pero un tribunal superior anuló el fallo y ordenó repetir el juicio.
La fiscalía acusa a los ocho de haber matado en agosto de 1989 a María Inés Alvarenga en la localidad de Santa Marta porque la consideraban «informante del ejército».
El caso «es una criminalización y persecución del activismo ambiental (…) son actores claves en la resistencia comunitaria contra la minería metálica», declaró en rueda de prensa Alfredo Leiva, del directorio de la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES).
Los cinco ambientalistas alentaron la prohibición de la minería en 2017, pero esta fue revocada en diciembre pasado por el Congreso oficialista a pedido del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que promueve la explotación de oro.
En las audiencias, previstas durante tres días en el Centro Judicial de la capital San Salvador, serán juzgados en ausencia pues se desconoce el paradero de los ocho exguerrilleros.
Los acusados que se convirtieron en ambientalistas después de la guerra civil (1980-1992) son Teodoro Pacheco, Saúl Rivas, Alejandro Laínez, Miguel Gámez y Pedro Rivas.
«El único delito de los ambientalistas es defender el agua, el medio ambiente, la salud y la vida de las generaciones presentes y venideras gravemente amenazadas por la reactivación de la minería metálica», afirmó Leiva.
Los otros tres acusados son el excomandante Fidel Recinos, y los también exguerrilleros José Sancho y Arturo Serrano, pertenecientes al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Leiva sostuvo que «no hay elementos de prueba» contra los líderes ambientalistas y que la acusación de la Fiscalía se basa en el «relato contradictorio» de un sospechoso «testigo protegido».
La guerra civil salvadoreña finalizó en 1992 mediante la firma de acuerdos de paz. Tuvo un saldo de 75.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos.
En 1993, el Congreso aprobó una amnistía que perdonó los crímenes del conflicto, pero en 2016 la Corte de Justicia la declaró inconstitucional.
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