Antimineros condenados a 3 años de cárcel en Ecuador piden ser absueltos en Corte Nacional
Quito, 24 feb (EFE).- Diferentes asociaciones civiles, junto a algunos de los seis activistas sociales condenados a 3 años de prisión en Ecuador por asociación ilícita al participar en acciones contra el proyecto minero Curipamba-El Domo, se concentraron este lunes para reclamar que la Corte Nacional de Justicia admita el recurso de casación que les absuelva de la condena.
Desde las inmediaciones de la Corte Nacional de Justicia, los diferentes acusados mostraron su desacuerdo con la sentencia y defendieron que lo único que hicieron fue «defender el agua, la Pachamama (madre tierra) y la naturaleza» de su territorio.
Tras la sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda, capital de la andina provincia de Bolívar, en la que se les condenaba a 3 años de prisión además de a una multa de 4.600 dólares, los acusados presentaron un recurso de apelación que fue rechazado por la Corte Provincial de Bolívar el pasado miércoles 19 de febrero.
En una rueda de prensa, Luis Borja, docente por más de 26 años y uno de los condenados, explicó que los hechos se remontan al pasado 2021 cuando «un grupo de campesinos y dirigentes comunitarios», procedentes de las poblaciones cercanas al proyecto minero se reunieron para protestar contra el extractivismo.
«Somos criminalizados injustamente, somos perseguidos políticos por el simple hecho de defender, como estamos aquí en este momento, con pancartas, pacíficamente, con marchas o con reuniones públicas. Nunca hemos delinquido», defendió Borja.
Borja aclaró que las diferentes cortes les acusan de «una quema de un campamento» y de un supuesto «daño a un patrullero» pero que, según aseguró, «no han desmostrado con pruebas fehacientes».
«Queremos dejar claro que aquí se han vulnerado los derechos a la libertad de expresión, los derechos a la naturaleza y también al ser humano», manifestó a EFE.
Por su parte, el también condenado, Freddy Díaz, coordinador del Frente de Defensa del Agua, la Vida y la Naturaleza de la localidad de Las Naves, municipio donde se encuentra el proyecto minero, subrayó con indignación que «hay como unas 30 personas» en diferentes etapas del proceso penal denunciadas por la empresa Curimining a pesar de que «no tienen absolutamente ninguna prueba».
Díaz aprovechó para aseverar que El Domo no solo es una importante fuente de agua para Las Naves y las comunidades locales cercanas, sino que también desde esa localización «nace la cuenca hidrográfica del río Guayas» por lo que, según sus cálculos, afectaría a millones de personas que viven en las provincias de Guayas, Los Ríos o Bolívar.
En la misma línea, Ángel Osvaldo, representante condenado del Frente Cantonal Urbano de Las Naves, se preguntó: «cómo (la empresa minera) obtuvo esas licencias ambientales» y señaló que «el presidente (Daniel Noboa) dijo en el debate presidencial que donde hay fuentes hídricas no puede haber minería».
Impacto local
En cuanto al impacto social que este tipo de inversiones provocan en las localidades cercanas, Luis Borja opinó que «va a afectar grandemente a la variación climática y a empobrecer más a casa provincia, a cada cantón y a cada sector».
El profesor subrayó que «poca gente se enriquece» y que «el pueblo no es beneficiado» porque afecta a «la agricultura y la ganadería», las dos «fuentes de trabajo» de la mayoría de la población de estas zona.
«La minería a gran escala (…) va a ser mayor pobreza, mayor indigencia y mayor desnutrición infantil», sentenció.
El proyecto Curipamba-El Domo se ubica en el cantón Las Naves, de la provincia de Bolívar, y la empresa Curimining, de capitales canadienses, prevé extraer de ella cobre, oro, zinc y plata.
La minera obtuvo la licencia para explotar el proyecto minero Curipamba-El Domo el pasado 23 de enero de 2024, un permiso que fue recurrido por diferentes comunidades locales bajo una acción de protección que también fue rechazada. EFE
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