Argentina crea protocolo para proteger la propiedad intelectual de las semillas
Buenos Aires, 8 jun (EFE).- El Gobierno de Argentina puso en marcha este lunes un protocolo para proteger la propiedad intelectual de las semillas que se cultivan en el país suramericano, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de granos y derivados.
Mediante una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) crearon un esquema para identificar la variedad de las semillas implantadas a partir de muestras obtenidas en el primer punto -un centro de acopio o molienda, por ejemplo- donde el productor agropecuario entregue los granos que ha cosechado.
El protocolo permitirá saber si esa cosecha procede de semillas genéticamente modificadas desarrolladas y patentadas por alguna empresa u otro ‘obtentor’ -como se denomina a los desarrolladores de variedades vegetales-.
«El objetivo de este nuevo esquema es garantizar el correcto uso de las variedades protegidas, la transparencia en el mercado de semillas, proteger los derechos de los obtentores y sobre todo constituye un incentivo clave para fomentar la inversión en el desarrollo de nuevas variedades y el incremento de la productividad del sector agroindustrial», dijo la Secretaría de Agricultura en un comunicado.
El nuevo protocolo se aplicará a los eventos o semillas que sean inscritos de ahora en más en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y en el Registro Nacional de Cultivares.
Argentina tiene una ley de semillas aprobada en 1973, cuando no existían semillas genéticamente modificadas en uso comercial, pero desde hace al menos dos décadas hay pujas entre las empresas desarrolladoras y las patronales de agricultores por el uso de las semillas.
En Argentina, los ‘obtentores’, como técnicamente se denominan a los desarrolladores de eventos genéticamente modificados, cobran regalías al momento de vender una bolsa de semillas a un agricultor para su cultivo.
Pero desde hace años reclaman además cobrar regalías también por el denominado ‘uso propio’, aquel que hace un agricultor cuando destina a la resiembra parte de los granos obtenidos en una cosecha.
Los agricultores no rechazan que los derechos de propiedad intelectual en el mejoramiento fitogenético sean debidamente reconocidos, pero reclaman que este cobro se haga exclusivamente sobre la semilla al momento en que el agricultor la compra al ‘obtentor’.
En 2006 hubo una fuerte polémica por este tema cuando la multinacional Monsanto intentó cobrar regalías sobre los embarques con soja transgénica cultivada en Argentina y exportados a diversas partes del mundo.
Según el Gobierno de Javier Milei, la falta de una solución a este problema ha implicado, en la práctica, que las empresas no vendan en Argentina semillas mejoradas que garantizan un mejor rendimiento en las cosechas.
La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), una de las cuatro mayores patronales rurales de Argentina, reconoció la «necesidad de proteger la innovación genética y los derechos de los obtentores» pero afirmó que es «indispensable» que el nuevo sistema «no genere nuevas cargas operativas, costos o responsabilidades» para los agricultores, los centros de acopio y otros operadores de la cadena comercial.
«Cualquier mecanismo de control debe procurar un adecuado equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual, la competitividad del sistema productivo y el normal funcionamiento de los distintos actores que integran la cadena agroindustrial», dijo este lunes Coninagro en un comunicado. EFE
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