Autoridad electoral confirma sanción a la campaña de Petro por violación de tope de gastos
Bogotá, 29 abr (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este miércoles la sanción contra la campaña que llevó al poder en 2022 al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por violar los topes de financiación y el ingreso de aportaciones prohibidas.
Con una votación de seis a favor y dos en contra, la autoridad electoral ratificó la decisión de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, adoptada en primera instancia en agosto y posteriormente apelada, indicaron medios locales.
De esta forma quedan firmes las sanciones administrativas contra quien fue gerente de la campaña y ahora presidente apartado de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa; la extesorera de la campaña, Lucy Aydee Mogollón, y la auditora María Lucy Soto Caro.
La autoridad electoral concluyó que la campaña presidencial de Petro superó los límites de gasto permitidos y recibió recursos de fuentes prohibidas durante las dos vueltas de las elecciones de 2022.
La decisión ratifica una de las investigaciones más controvertidas del actual Gobierno, abierta en 2023 a partir de una denuncia y que derivó en la formulación de cargos en 2024.
Según el CNE, las irregularidades incluyen la no declaración de aportaciones y la superación de los topes de gasto establecidos por la ley electoral por más de 3.500 millones de pesos (unos 900.000 dólares).
La confirmación de la sanción se produce tras la revisión de varios recursos de reposición y apelación presentados por los implicados, que fueron negados por la sala plena del organismo, lo que deja la decisión en firme y de obligatorio cumplimiento.
El caso ha generado un fuerte pulso político e institucional, pues el presidente Petro ha rechazado anteriormente las conclusiones del CNE y alegado que se trata de una persecución en su contra, llegando a calificar el proceso como un intento de «golpe de Estado».
La ratificación de la sanción cierra así la vía administrativa dentro del CNE y abre la puerta a eventuales acciones judiciales por parte de los sancionados. EFE
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