Bruselas pide a los países de la UE que dejen de «sobrerregular» para ganar competitividad
Bruselas, 12 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propondrá a los líderes de la Unión Europea (UE) que firmen un Pacto contra la sobrerregulación por el que se comprometan a no complicar las normas europeas al aplicarlas en sus países con el fin de simplificar su cumplimiento y ganar competitividad.
«El Derecho de la UE debería ser implementado de modo que logre sus objetivos sin añadir complejidad y fragmentación innecesarias, ya sea a través de un alcance mayor, requisitos más estrictos o procedimientos adicionales», escribió este lunes en una carta dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno de cara a la cumbre que celebran el jueves y viernes en Bruselas.
El objetivo es que los Veintisiete puedan empezar a trabajar durante el encuentro en este Pacto, que ya fue anunciado por la política alemana durante su discurso sobre el Estado de la Unión en septiembre, de modo que antes de finales de año puedan firmar una declaración de principios.
«La base del Pacto es sencilla pero efectiva, con una premisa central: una regla acordada a nivel europeo no puede hacerse más compleja cuando se transponga o implemente a nivel nacional», afirma von der Leyen sobre la iniciativa, que se enmarca en los esfuerzos de Bruselas por simplificar la regulación para ahorrar trabas y costes a la industria europea y favorecer su competitividad.
En primer lugar, el Ejecutivo comunitario pide a los países que «dejen de añadir cargas innecesarias» al introducir las normas europeas en su legislación doméstica y que, cuando lo hagan, sean transparentes y expliquen sus motivos; así como que pongan en marcha «políticas nacionales contra la soberregulación».
Por su parte, la institución se compromete a privilegiar el uso de reglamentos que, al contrario que las directivas, no quieren transposición nacional, sino que se aplican directamente a «permitir menos opciones nacionales si estas pueden crear fragmentación entre países», a hacer las reglas más fáciles de aplicar «desde el principio» y a ayudar a las administraciones nacionales a implementarlas.
En segundo lugar, reclama que los Estados que revisen su legislación para detectar si existen requisitos nacionales «que impongan cargas pesadas u obstruyan la actividad transfronteriza» y que, cuando sea el caso, se comprometan a simplificarlos o eliminarlos.
En este proceso, Bruselas definiría ciertas áreas prioritarias a examinar y las empresas tendrían «voz directa» a través de consultas. La Comisión Europea tendría en cuenta los resultados a la hora de hacer sus recomendaciones económicas anuales a cada país.
«Mediremos el éxito por la reducción de burocracia y por el tiempo y dinero que se ahorren las empresas», afirma von der Leyen.
Si los requisitos nacionales infringen la legislación europea, añade, el Ejecutivo comunitario «actuará firmemente, incluyendo con procedimientos de infracción», que en última instancia permiten llevar a los Estados ante la justicia.
El anuncio de este Pacto fue recibido en septiembre con críticas por parte de la organización de vigilancia de los ‘lobby’ Corporate Europe Observatory, que lo considera una «oportunidad» para que los grupos de presión «rebajen las políticas medioambientales o los estándares sociales a nivel de los Estados miembros».
La Confederación de Sindicatos Europeos también se ha mostrado escéptica, pues teme que socave los derechos de los trabajadores si se considera que la protección laboral adicional es sobrerregulación. EFE
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