Bruselas propone reducir exigencias para empresas de entre 250 y 750 empleados
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Bruselas, 21 may (EFE).- La Comisión Europea propuso este miércoles suavizar los requisitos regulatorios para las empresas europeas de entre 250 y 750 empleados con el fin de facilitar que las firmas pequeñas puedan seguir creciendo y llegar a operar a nivel europeo.
La medida, que se enmarca en los esfuerzos de Bruselas para reducir las cargas burocráticas que frenan la competitividad de las compañías de la Unión Europea (UE), se aplicará a unas 38.000 empresas y permitirá ahorrar unos 400 millones de euros al año en costes administrativos, según el Ejecutivo comunitario.
«Son empresas muy importantes porque con frecuencia no están en las capitales y nutren a todo un territorio. Entre 500 o 600 trabajadores, cuando están en provincias o en una región rural, son con frecuencia las empresas más importantes del lugar», destacó el vicepresidente comunitario para Industria, Stéphane Séjourné, en un encuentro con varios medios de comunicación, entre ellos EFE.
En concreto, Bruselas propone crear una nueva categoría de empresas bautizada como «pequeñas empresas de mediana capitalización» que incluirá a aquellas que tengan entre 250 y 750 empleados y una facturación de hasta 150 millones de euros al año o un total de activos de hasta 129 millones de euros.
Con ello buscan evitar la brecha que hace que al alcanzar los 250 empleados las firmas pasen de ser pymes a ser consideradas grandes empresas y, por tanto, aumenten exponencialmente sus obligaciones legales, algo que desanimaba a muchas de ellas a aumentar de tamaño.
La Comisión plantea ahora que las empresas de esta nueva categoría puedan beneficiarse de las mismas disposiciones – como exenciones o requisitos simplificados – que ya tienen las pymes en varias regulaciones comunitarias: en materia de protección de datos, mercados financieros, folletos bursátiles, baterías, entidades críticas, gases fluorados o protección contra las importaciones subsidiadas.
Por ejemplo, en el caso de la protección de datos, ya no estarán obligadas a mantener registros de todos los datos personales procesados, sino solo de los considerados de alto riesgo, lo que les permitirá destinar recursos a otras áreas, explicó la Comisión.
Además, Bruselas propone eliminar el requisito de proporcionar declaraciones de conformidad, instrucciones de uso y otros documentos en papel y permitirles que lo hagan de forma digital, lo que facilitaría los trámites a las empresas y también a las autoridades nacionales verificar que estas cumplen.
La Comisión cree que estas medidas deberían ayudar a que las empresas de este tamaño, que con frecuencia son exportadoras y no limitan su actividad a un mercado nacional como las pymes, tengan más alicientes para internacionalizarse en la UE.
La patronal de las pymes europeas SMEunited alertó de que la propuesta «no debería impactar negativamente en las pymes y, en particular, a la financiación que estaba preasignada» para estas empresas, ni en el actual marco presupuestario ni en el que se negociará para el periodo 2028-2034.
En este sentido, fuentes comunitarias explicaron que «no se trata de que la financiación vaya a ser compartida entre las pymes y las empresas de mediana capitalización» puesto que la iniciativa no modificará en ningún caso la asignación de fondos.
Por su parte, la organización de consumidores BEUC criticó que extender la derogación sobre el mantenimiento de los datos perjudicaría el cumplimiento de obligaciones de la regulación de protección de datos (GDPR, en inglés) y el trabajo de las autoridades, al tiempo que instó a mantener la información fundamental sobre los productos en los mismos, y no solo en formato digital en Internet. EFE
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