Bruselas propone una ley para facilitar el desarrollo y difusión de innovaciones europeas
Bruselas, 9 sep (EFE).- La Comisión Europea presentó este miércoles una nueva normativa con la que pretende apoyar el desarrollo, financiación y difusión de ideas innovadoras como parte de sus medidas para mejorar la competitividad del bloque, garantizar su soberanía tecnológica y reducir la brecha de innovación con respecto a potencias como Estados Unidos o China.
Bruselas desveló su Ley de Innovación, que aborda dos cuellos de botella en este ámbito: por un lado, las dificultades de empresas emergentes e innovadoras para encontrar financiación para sus ideas, y por otro, la reducida dimensión del mercado doméstico de contratación pública de I+D.
En cuanto al primero, el objetivo del Ejecutivo comunitario es crear un marco común para valorar la propiedad intelectual creada por las empresas europeas. Además, la ley impulsará un mercado digital que pondrá en contacto a compradores y vendedores de propiedad intelectual y ofrecerá apoyo «experto» a las compañías para desarrollar sus ideas.
El marco para la valoración de activos de propiedad intelectual será voluntario y será desarrollado por una nueva entidad, el Centro de Competencias, que formará parte de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), que tiene sede en Alicante.
Este Centro se encargará, además, de divulgar los activos, así como de establecer y mantener la plataforma de intermediación y de impulsar el desarrollo de un mercado secundario de propiedad intelectual para promover su comercialización.
Bruselas calcula que estas medidas supondrán un ahorro de 35 millones en costes administrativos y movilizarán 10.200 millones al año en financiación a través de fondos de capital riesgo y deuda.
Contrataciones de I+D y preferencia europea
Por otro lado, la normativa creará un marco común para las contrataciones públicas de I+D, que son aquellas operaciones en las que entidades públicas como hospitales, centros de educación o servicios de transporte abren licitaciones para encontrar soluciones innovadoras que faciliten su actividad. El sector de la defensa, no obstante, queda excluido de estas normas.
El bloque no cuenta actualmente con unas reglas comunes para este tipo de contrataciones, lo que genera «incertidumbre» en los organismos públicos, según la Comisión Europea, institución que apunta que estas operaciones representan hoy en día 17.000 millones de euros al año, lo que supone un 0,6 % del total de licitaciones públicas, mientras que otras potencias invierten «entre 5 y 8 veces más».
De esta forma, la propuesta de normativa garantiza a los operadores que participen en estas contrataciones requisitos financieros proporcionados, criterios de adjudicación basados en la calidad-precios, especificaciones funcionales, contratos ágiles, condiciones favorables a la innovación y un plazo máximo de evaluación de ofertas de dos meses.
Además, la Comisión propone incluir una cláusula de preferencia europea, según la cual se dará prioridad en una primera fase a empresas innovadoras de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y los Balcanes Occidentales.
Si no se encuentra la solución buscada o si el precio es demasiado elevado, la norma permite abrir la licitación después a compañías de países con los que el bloque tiene acuerdos recíprocos de acceso a contrataciones de I+D.
Con estos cambios legales, Bruselas cree que los organismos públicos se podrían ahorrar unos 1.000 millones al año, al tiempo que se generarían casi 26.000 millones en beneficios adicionales para las compañías. EFE
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