Castillo acude sin abogado a juicio oral tras afirmar que se negaba a participar
Lima, 4 mar (EFE).- El presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, José Neyra, dio inicio este martes a la apertura del juicio oral contra el expresidente peruano Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado en 2022, a pesar de que este afirmó poco antes que el proceso es una «farsa» y se presentó sin abogado.
Castillo llegó a la sala judicial acondicionada especialmente en el penal de Barbadillo en el que está recluido desde el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció el fallido intento de golpe, después de haber anunciado en una carta que rehusaba asistir al juicio por considerarlo una «farsa».
El exmandatario dio sus datos personales a la sala, dijo que no tenía abogado y pidió a la directora de audiencia, Norma Carbajal, dar a conocer públicamente su misiva publicada en la red social X.
«Como presidente constitucional, no acepto y no me someto a ser juzgado en este ‘juicio’ por esta Sala Penal Especial», agregó Castillo en la carta e indicó que está «secuestrado» en el penal de Barbadillo.
Al hacer uso de la palabra, Castillo indicó que no acepta la designación de un abogado de la defensa pública y que ha prescindido de los servicios de los cuatro abogados que había utilizado hasta el momento.
La jueza Carbajal explicó que, al no concurrir el abogado, se nombraría un defensor público, según la normativa judicial vigente.
Durante la audiencia, los jueces pidieron que se identifiquen los seis coacusados y sus abogados, entre ellos el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, así como la también exprimera ministra Betsy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.
Asimismo, los tres exoficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón, quienes también están señalados de ser coautores del delito de rebelión.
La carta que Castillo pidió compartir en la audiencia, de siete páginas, fue difundida en su perfil en la red social X cuando estaba programado el inicio del juicio, por el que se enfrenta a 34 años de cárcel, acusado por el Ministerio Público de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
Afirmó que su discurso televisado del 7 de diciembre de 2022, su supuesto autogolpe, no fue un mensaje a la nación porque no lo puso en consideración ni aprobación del Consejo de Ministros como manda la Constitución, por lo que no ha cometido los delitos por los que le acusa la Fiscalía, y aseguró que no hubo levantamiento armado porque no pidió que nadie lo hiciera ni coordinó para que esto sucediera.
«Soy el único responsable de lo hecho y dicho en aquel discurso político del 7 de diciembre de 2022. Hice lo que el pueblo me pidió (…) Ninguno de mis coacusados, ninguna persona ha tenido participación directa o indirecta, antes, durante ni después», afirmó Castillo acerca de los otros seis acusados. EFE
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