Cerdeña, la segunda región italiana en regular el ‘suicidio asistido’ después de Toscana
Roma, 17 sep (EFE).- La región italiana de Cerdeña (sur) se ha convertido este miércoles en la segunda del país en regular el ‘suicidio asistido’, siguiendo los pasos de Toscana (centro) y seis años después de que el Tribunal Constitucional despenalizara esta práctica.
El parlamento sardo adoptó por 32 votos a favor, 19 en contra y una abstención el texto presentado por iniciativa popular por la Asociación Luca Coscioni, especializada en derechos civiles, que establece los procedimientos y plazos para garantizar asistencia sanitaria regional a las personas que cumplan los requisitos para solicitar el ‘suicidio médicamente asistido’.
El intenso debate parlamentario previo a la votación mostró divisiones no solo entre bloques políticos, sino también dentro de los propios partidos. En la mayoría progresista, Lorenzo Cozzolino votó en contra, mientras que el vicepresidente del Consejo Regional, Giuseppe Frau , se abstuvo.
Desde la oposición, el consejero regional de la conservadora Forza Italia, Gianni Chessa, rompió con la línea de su partido y votó a favor, afirmando que lo hizo “convencido” de la necesidad de garantizar este derecho.
La norma prevé que podrán solicitar asistencia las personas afectadas por patologías irreversibles, dependientes de tratamientos vitales, que manifiesten de manera autónoma, consciente y reiterada su deseo de acceder al suicidio asistido.
El acceso será gratuito dentro del sistema sanitario regional y la ley estipula además los plazos y pasos administrativos para la evaluación de las solicitudes, garantizando la celeridad y la protección de los derechos del paciente.
Esta es la segunda región en hacerlo, tras la aprobación en Toscana en febrero pasado, a pesar de que en 2019 el Constitucional lo había despenalizado en caso de que el paciente fuera consciente y sufriera una patología irreversible con «sufrimientos físicos y psicológicos intolerables», entre otros supuestos.
La máxima corte además emplazó al Parlamento nacional a legislar para colmar este vacío legal, hasta entonces el ‘suicidio asistido’ podía acarrear penas de hasta 12 años de cárcel, pero por el momento no ha ocurrido.
La ausencia de una ley nacional ha obligado en los últimos años a las distintas regiones italianas a estudiar cada caso que se les presentaba de forma individual, lo que suponía un obstáculo, mientras que numerosos pacientes han tenido que acudir a Suiza.
Es previsible que el Gobierno de la ultradrechista Giorgia Meloni recurra esta ley, como ya lo hizo en Toscana, tras la petición de la asociación Provita e Famiglia (Provida y Familia), que este miércoles también instó a impugnar el texto del Parlamento sardo por «violar las competencias exclusivas del Estado». EFE
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