China justifica sus inspecciones a buques de Panamá por «seguridad marítima»
Pekín, 25 jun (EFE).- El Gobierno de China argumentó este jueves que las inspecciones a buques en sus puertos se realizan por responsabilidad hacia la seguridad de la navegación, de acuerdo a la ley y que no se dirigen «contra ningún país en particular», después de que Panamá volviera a denunciar un aumento de control sobre sus barcos.
La denuncia panameña se produce en un momento de tensión entre el país centroamericano y el asiático, producto de la salida del conglomerado hongkonés CK Hutchison de la operación de dos puertos situados cerca del Canal el pasado febrero.
Esa salida se produjo en medio de presiones de EE.UU., y luego de que el Supremo panameño declarase inconstitucional la concesión otorgada a esa empresa hace más de veinticinco años.
El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró este jueves en una rueda de prensa que las autoridades han llevado a cabo, de conformidad con la ley, inspecciones de control a los buques que atracan en puertos chinos, motivadas por «una actitud responsable hacia la seguridad de la navegación y de las personas».
Guo aseveró que desde principios de año se han producido de manera consecutiva varios accidentes de colisión entre buques mercantes y pesqueros con bandera panameña en aguas chinas que han causado muertos y desaparecidos.
«Estas medidas son plenamente compatibles con las convenciones internacionales y no están dirigidas contra ningún país ni empresa naviera en particular», agregó.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lamentó este lunes durante la apertura de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el aumento de detenciones de barcos panameños en puertos chinos, sobre las que, dijo, «no hay correlación alguna ni causa justificada».
No obstante, el mandatario también destacó que China «ha comenzado a dar pasos» para solucionar el problema.
Cuando se produjo la salida de CK Hutchison de los puertos del Canal de Panamá que operaba, Pekín advirtió de que el país centroamericano pagaría «un alto precio», en tanto la empresa activó un arbitraje internacional por el que reclama al menos 2.000 millones de dólares al Estado panameño. EFE
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